El espejo de Quintela en el que empieza a mirarse el gobierno de Kicillof

Ricardo Quintela es el gobernador de La Rioja. En los últimos días sudó la gota gorda para desactivar una medida de fuerza que motorizó la policía en reclamo de un aumento salarial. Se quejó de la falta de recursos para atender el planteo y apuntó todos los cañones contra la millonaria deuda que, aseguró, el gobierno nacional mantiene con esa provincia. El desenlace de ese episodio incluyó un anuncio: con escasos fondos para afrontar la coyuntura en tiempos de ajuste, Quintela anticipó que emitirá una moneda propia para pagar sueldos a empleados públicos y proveedores.

Axel Kicillof podría mirarse en ese espejo. Allá por 2020 debió atravesar por un reclamo similar de la fuerza de seguridad bonaerense que en aquél entonces se saldó con una polémica medida que adoptó Alberto Fernández: un giro de recursos a la Provincia que se le restaron al gobierno porteño. La coincidencia podría incluso ser mayor: el gobierno bonaerense no descarta emitir su propia moneda virtual si la situación financiera del principal distrito del país profundiza su deterioro.

Cerca de Kicillof admiten que es una posibilidad empujada por el ajuste nacional que le quitó a la Provincia todos los fondos discrecionales que supo tener con Fernández y que compensaron en parte la discriminación histórica que sufre Buenos Aires en materia de recursos federales. Hoy le llega de la Nación sólo lo que le corresponde por ley vía coparticipación. De todos modos, señalan que una posible emisión no es una medida que pudiera adoptarse en el cortísimo plazo.

“Hoy no tenemos problemas de liquidez”, aseguran cerca del Gobernador. “Además, no es de fácil aplicación”, añaden. El éxito de una moneda bonaerense dependerá de que circule y sea aceptada. “Tiene que servir para comparar alimentos, pagar el transporte y algunos servicios”, describen. Demandaría de una ingeniería trabajosa y de la voluntad de aceptación de empresas, proveedores y supermercadistas.

En la oposición no tienen tantas dudas. Aseguran que Kicillof, al pedir un endeudamiento por 1.800 millones de dólares a la Legislatura, se cubrió para una eventual emisión de esa moneda virtual. “El pedido para tomar deuda es 17 veces superior al de 2023”, acotan. Estiman que para el segundo semestre del año podría estar en circulación. “Parte del sueldos de los 600 mil empleados públicos se va a pagar con ese mecanismo”, vaticinan.

Hay quienes incluso sostienen que existe un borrador con los detalles de cómo sería la emisión y sus alcances.

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Esta posibilidad acaso crezca con el correr de las semanas. Hay dos cuestiones que empiezan a tener un peso determinante. La caída de la actividad económica impactará sobre los ingresos bonaerenses. El otro asunto es de índole política: el diálogo entre el gobierno nacional con Kicillof y sus ministros es casi inexistente.

En las últimas horas comenzó a trascender que el Gobernador ordenó a sus ministros avanzar en esa coyuntura con un recorte de distintos programas. Cada uno de ellos deberá pasar el lápiz rojo con la premisa de reducir gastos. Como muestra basta un botón: en la temporada de verano pasada, la Provincia instaló cinco paradores en distintos balnearios. En este arranque del verano de vacas flacas, sólo está funcionando uno.

Ese mismo escenario de estrechez de recursos recorre la negociación salarial bonaerense. Los funcionarios ya les anticiparon a los gremios que la Provincia no está en condiciones de otorgar un aumento de sueldos que empate con la inflación anual del 211 por ciento con que terminó 2023.

A la espera de una oferta formal, por ahora no asoman hostilidades sindicales en el horizonte para el gobierno bonaerense. Pero el deterioro social y una inflación que seguirá en torno de los dos dígitos en los próximos meses, acaso pudiera cambiar ese clima. En especial, cuando en poco menos de dos meses deba reanudarse la actividad escolar.

Mientras tanto, la política partidaria comienza a dar señales en medio de la crisis. Dirigentes cercanos a Kicillof ya no ocultan sus deseos de desplazar a Máximo Kirchner de la conducción del PJ bonaerense. En eso trabajan un grupo de intendentes y un puñado de funcionarios.

La factura del jefe de La Cámpora se hace cada vez más voluminosa por el silencio que mantiene en medio del ajuste del gobierno libertario. Pablo Moyano le acaba de reprochar ese repliegue en el rosario de críticas que también alcanzó al ex presidente Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Kicillof coincide con ese diagnóstico del líder camionero aunque en principio no participaría del acto del 24.

Varios de los sindicatos agrupados en la CGT tienen cuentas pendientes con Máximo Kirchner. No son nuevas, pero se agigantaron en el último cierre de listas cuando el camporismo se quedó con la mayoría de los lugares. Varios sindicalistas, entre ellos el propio Moyano, se quejan de que ahora son los gremios lo que deben encargarse de confrontar con Milei. El resto, al parecer, se reserva para cuando, estiman, el Gobierno sufra con más énfasis el malhumor social del ajuste.

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