Una preocupante sucesión de escraches y agresiones en la vida política del país

Hace pocos días se analizó en esta columna el lamentable “escrache” y el ataque físico que sufrieron diputados y un funcionario del partido libertario en la Universidad Nacional de La Plata, a los que un grupo de personas les arrojó piedras y otros proyectiles además de cerrar con cadenas el aula en donde iban a disertar, señalándose en ese editorial que no se trató de un hecho aislado. Lamentablemente, lo que vino ocurriendo en el país y también en nuestra ciudad en jornadas posteriores demuestra que esa expresión fue acertada.

Ahora fueron seguidores de La Libertad Avanza quienes recibieron piedrazos por parte de un grupo de autoconvocados, que además vandalizaron autos en la previa del acto de Karina Milei, realizado en Villa Elvira.

Los manifestantes rechazaron la presencia de la hermana del Presidente, se cruzaron primero con insultos con parte de la militancia que arribaba al Club Copara, ubicado en 83 entre 5 y 6, comenzaron a insultar a los referentes de La Libertad Avanza y luego se disparó la violencia. Con posterioridad, simpatizantes libertarios denunciaron haber sido agredidos a varias cuadras del club.

Tal como se informó en este diario, en el marco de las agresiones registradas, un joven sufrió un piedrazo que le provocó una herida en la frente, en la zona de 7 y 83. Tras el ataque, relató: “Bajamos del colectivo para ir a la reunión y vinieron en patota unas 20 personas, entre hombres y mujeres, que nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y nos empezaron a tirar piedras”.

Es verdad que desde 1983, es decir desde el retorno del sistema democrático al país, se registraron no pocos hechos similares, pero que fueron aislados. Los más visibles y preocupantes fueron los atentados fallidos a los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Raúl Alfonsín, así como ataques con armas de fuego a legisladores nacionales y provinciales, sin dejar de mencionar los muchos escraches ocurridos contra políticos, funcionarios y periodistas.

Lo que ciertamente resulta preocupante es que lo que viene sucediendo en las últimas semanas -y ojalá esta apreciación resulte equivocada- parece ser una concatenación sistemática de ataques a funcionarios y a políticos, motivados en el hecho de que no piensan y actúan políticamente igual que los grupos agresores. Desde luego que el disenso ideológico es esencial para la democracia, pero no así que deba expresarse con cadenas o a piedrazos.

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Desde luego que en este contexto disvalioso resultan ser cuestionables, también, los exabruptos y expresiones desmedidas de funcionarios del Gobierno nacional, en especial del propio presidente Javier Milei, formuladas contra quienes no coinciden con las medidas del Gobierno.

Esa actitud, que se extiende asimismo a las críticas a periodistas por el simple hecho de plantar interrogantes sobre cuestiones que hacen a la cosa pública, resulta igualmente cuestionable. El titular del Ejecutivo nacional debiera recordar que su función, por trascendente y dura que le pueda resultar, no debe fundarse en un estado permanente de discordia, sino todo lo contrario.

Sea como sea, cualquier tipo de intento de atentado y de amenazas por razones políticas que se produzcan en el país -y cualquier intento de censura- merece no sólo el más enérgico repudio de toda la sociedad, sino también, llegado el caso, la acción de la Justicia cuando tales episodios se vean tipificados como delitos por el Código Penal.

La Argentina vivió una trágica experiencia institucional desde los años 70, de modo que debe evitar a todo trance la reaparición de comportamientos propios de esa época trágica. No sólo es primordial que no se retorne a esos tiempos oscuros, sino que se alcen voces desde todos los sectores democráticos para condenar el accionar de quienes en estos días buscan, por estas vías, atentar contra pautas básicas de la convivencia civilizada.

Nuestro país no debe permitirse en modo alguno estos agravios y agresiones que, en definitiva, no son más que intentos de retroceder hacia formas despóticas y antidemocráticas. Es primordial, entonces, que sean condenadas aquellas acciones de quienes por estas vías buscan imponer criterios propios, muchas veces opuestos a la voluntad de las mayorías.