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Quiere poner fin a una práctica de inmigración centenaria y amparada en la Constitución. Demanda de 22 estados para frenarlo
Marcha a favor de los derechos de los inmigrantes en Chicago / AP
Los fiscales generales de 22 estados interpusieron ayer una demanda para bloquear la medida del presidente Donald Trump de poner fin a una práctica de inmigración centenaria conocida como ciudadanía por derecho de nacimiento que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos independientemente del estatus de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump, de unas 700 palabras, emitida a última hora del lunes, supone el cumplimiento de algo de lo que ha hablado durante la campaña presidencial. Pero no es seguro que tenga éxito, dado que es probable que se desate una larga batalla legal sobre las políticas de inmigración del presidente y el derecho constitucional a la ciudadanía.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley consolidada y que, aunque los presidentes tienen una amplia autoridad, no son reyes.
“El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda y punto”, afirmó el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin.
La Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”. “Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la abrumadora voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump”, dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en el país, expresó que la demanda era personal para él.
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“La Enmienda 14 dice lo que significa, y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto. Y punto”, remarcó. “No hay debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía”.
La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, independientemente del estado migratorio de sus padres. Las personas, por ejemplo, en Estados Unidos con una visa de turista u otra visa o que están en el país ilegalmente pueden convertirse en padres de un ciudadano si su hijo nace aquí.
Está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, dicen los partidarios. Pero Trump y sus aliados disputan la interpretación de la enmienda y dicen que se necesitan estándares más estrictos para convertirse en ciudadano.
Estados Unidos es uno de los 30 países en los que se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio del jus soli o “derecho de la tierra”. La mayoría están en el continente americano, y entre ellos figuran Canadá y México. La mayoría de los demás países conceden la ciudadanía basándose en si al menos uno de los progenitores -jus sanguinis o “derecho de sangre”- es ciudadano, o tienen una forma modificada de ciudadanía por derecho de nacimiento que puede restringir la ciudadanía automática a los hijos de padres que se encuentren legalmente en su territorio.
La orden cuestiona que la 14ª Enmienda extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos.
La 14ª Enmienda nació en las secuelas de la Guerra Civil y fue ratificada en 1868. Dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de los no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; personas cuyas madres estaban en el país legalmente pero de manera temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.
Continúa prohibiendo a las agencias federales reconocer la ciudadanía de las personas en esas categorías. Entra en vigor 30 días a partir del martes, el 19 de febrero.
No está claro si la orden afectaría retroactivamente a los ciudadanos por derecho de nacimiento. Dice que las agencias federales “no” expedirán documentos de ciudadanía a las personas que excluye ni aceptarán otros documentos de los gobiernos estatales o locales.
La 14ª Enmienda no siempre garantizó la ciudadanía por derecho de nacimiento a todos los nacidos en Estados Unidos. De hecho, el Congreso no autorizó la ciudadanía a todos los indígenas estadounidenses nacidos en Estados Unidos hasta 1924.
En 1898 se desarrolló un importante caso de ciudadanía por derecho de nacimiento en la Corte Suprema de Estados Unidos. La corte sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de migrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, se enfrentó a la denegación de reingreso por parte del gobierno federal bajo el argumento de que no era ciudadano bajo la Ley de Exclusión China.
Pero algunos defensores de las restricciones a la inmigración han argumentado que, mientras el caso claramente se aplicaba a los niños nacidos de padres que son ambos migrantes legales, es menos claro si se aplica a los niños nacidos de padres sin estatus legal.
Poco después de que Trump firmara la orden, grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron una demanda para detenerla.
Las secciones de la Unión Americana de Libertades Civiles en New Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con otros defensores de los derechos de los migrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de New Hampshire.
La demanda pide al tribunal que determine que la orden es inconstitucional. Destaca el caso de una mujer identificada como “Carmen”, que está embarazada pero no es ciudadana. La demanda dice que ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevar a un estatus permanente. No tiene ningún otro estatus migratorio, y el padre del hijo que espera tampoco lo tiene, según la demanda.
“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.
Además de New Hampshire, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron a la demanda para detener la orden.
Asimismo, Arizona, Illinois, Oregon y Washington presentaron una demanda separada en un tribunal federal impugnando también la orden de Trump.
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