Los temores de los enemigos de Trump

No son solo las acusaciones criminales lo que preocupa a aquellos que se han enfrentado al presidente Donald Trump. Hay formas más prosaicas de represalia: dificultades para renovar pasaportes, auditorías de hacienda y perder pensiones federales.

Para muchas personas que han hecho enemistad con Trump, su regreso a la presidencia esta semana ha despertado ansiedad. Algunos temen que podrían irse a la quiebra tratando de limpiar sus nombres.

Menos de 24 horas después de asumir el cargo, Trump disparó una primera señal, ordenando la revocación de los permisos de seguridad de decenas de exfuncionarios de Inteligencia que, según él, se aliaron con Joe Biden en la campaña de 2020 o se han vuelto en su contra. La pérdida de tales autorizaciones puede ser costosa para los exfuncionarios que trabajan para contratistas de defensa y requieren acceso continuo a información clasificada para realizar su labor en el sector privado.

“Cualquiera que alguna vez esté en desacuerdo con Trump tiene que preocuparse por la represalia”, dijo John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Trump y se ha convertido en un crítico vocal del presidente. “Es una lista bastante larga. Creo que hay muchas personas que están muy preocupadas”.

Bolton está entre media docena de exfuncionarios que hablaron con The Associated Press sobre sus crecientes aprensiones acerca del potencial vengativo de Trump. Horas antes de que Trump juramentara el lunes, dijeron funcionarios, el presidente saliente Biden tomó la medida extraordinaria de emitir indultos preventivos para objetivos frecuentes de Trump como el Dr. Anthony Fauci, el general retirado Mark Milley y legisladores y personal que sirvieron en el panel legislativo que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Biden también indultó a miembros de su familia, diciendo que “investigaciones infundadas y motivadas políticamente causan estragos en la vida, la seguridad y la seguridad financiera de los individuos y sus familias”.

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Muchos de los exfuncionarios estaban listados en un índice de operativos del “Estado profundo” en un libro de Kash Patel, nominado de Trump para ser director del FBI. Patel ha prometido lanzar una campaña contra lo que llama “gánsteres gubernamentales”.

La mayoría de los entrevistados hablaron sobre sus temores bajo condición de anonimato porque no querían atraer más atención sobre sí mismos. Están preocupados por ser blanco de mensaje presidencial en redes sociales o ser objetivos de una campaña de acoso en línea.

También están preocupados por ser investigados y procesados criminalmente por acciones que tomaron como empleados gubernamentales, aunque pocos expresaron preocupación genuina por ser condenados. Todos dijeron que estaban más preocupados por tener que incurrir en altos costos legales debido a investigaciones criminales, investigaciones legislativas o demandas por difamación.

La venganza jugó un papel central en muchos de los comentarios de Trump después de dejar la presidencia en 2021. Dijo en un mitin en 2023: “Para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su retribución”.

En su discurso de investidura el lunes, Trump dijo que su “legado más orgulloso será el de un pacificador y unificador”, y firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a lo que él llamó la “armamentización” del gobierno federal durante la administración Biden. Alegó que la administración anterior tomó acciones “más orientadas a infligir dolor político que a buscar justicia real u objetivos gubernamentales legítimos”.

Pero horas después de ser juramentado, emitió órdenes ejecutivas destinadas a saldar cuentas, incluida la que eliminaba las autorizaciones de 50 exfuncionarios de Inteligencia. También rescindió la protección del Servicio Secreto para Bolton, cuya vida ha sido amenazada por Irán.

Una portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

El poder de Gobierno

De muchas maneras, el gobierno federal tiene un poder tremendo. Es el mayor comprador único de bienes y servicios en el mundo. Puede auditar, investigar, procesar y persuadir. Controla todo, desde licencias de transmisión de televisión hasta renovaciones de pasaportes. Tiene el poder de agregar ciudadanos a una lista de no volar o de facilitar su paso por el control de pasaportes y los puntos de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Aunque la mayoría de las funciones del gobierno federal han sido despolitizadas durante más de un siglo, hay muchas formas en que un presidente empeñado en la venganza podría trastornar la vida de los ciudadanos privados.

“Si tienes el control del poder ejecutivo y no te importa mucho si estás siguiendo las reglas o la ley, hay mucho que podrías hacer que es bastante difícil de detener”, dijo Barton Gellman, asesor del Centro Brennan para la Justicia, una organización apartidista.

Gellman ayudó a dirigir una serie de simulaciones el año pasado destinadas a probar la respuesta de Estados Unidos a una presidencia autoritaria. El objetivo era ver cómo reaccionarían las instituciones, tanto públicas como privadas, a un presidente que diera órdenes ilegales o poco éticas.

El grupo bipartidista reunido para la simulación incluía varios exgobernadores y funcionarios del gabinete, personal militar retirado, exmiembros del Congreso y muchos líderes prominentes de la sociedad civil. Los participantes jugaron el papel de instituciones como el Departamento de Justicia, el ejército y los partidos mayoritarios y minoritarios en el Congreso, así como universidades y la prensa. Algunos de los escenarios involucraban a un mandatario usando el poder del gobierno para castigar a enemigos políticos.

Lo que encontraron fue que las instituciones del gobierno al final se inclinarían ante los deseos de un presidente. Gellman cree que la única restricción podría ser que el pueblo estadounidense no lo toleraría.

“La opinión pública podría ser en realidad una de las principales restricciones para Trump. No creo que la mayoría de los estadounidenses quiera verlo abusando de sus poderes legales para tratar de dañar a sus enemigos políticos. Si surge un patrón como ese, no creo que sea popular”, señaló Gellman.

Una encuesta reciente del New York Times/Ipsos encontró que el 73% de los estadounidenses se opone a la idea de que Trump intente procesar a sus adversarios, incluido el 49% que se “opone fuertemente”.

Abogados y grupos de la sociedad civil están recaudando fondos y organizándose en nombre de empleados federales actuales y anteriores que podrían estar en la mira. Norm Eisen, un abogado veterano y exembajador de Estados Unidos en la República Checa, dijo que está asesorando a individuos que han sido blanco de Trump con sus colegas en State Democracy Defenders Fund, un grupo de vigilancia sin fines de lucro.

Mark Zaid, un abogado de Washington que representa a varias de las personas cuyas autorizaciones de seguridad fueron revocadas esta semana, ha estado organizando un esfuerzo para ayudar a aquellos que podrían ser blanco. Eso incluye alinear abogados, contadores e incluso profesionales de la salud mental que podrían ofrecer servicios de forma gratuita.

“No hay mucho que podamos hacer de antemano”, indicó Zaid, “aparte de estar preparados para cuando actúe”.

AP