¿Es legal la campaña de EE UU contra narcos en mares y océanos?

El gobierno de Estados Unidos reconoció haber ejecutado, desde el 2 de septiembre, ocho ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico sur. El más reciente, realizado en las últimas horas, dejó al menos dos muertos frente a las costas de América del Sur.

Según el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, la acción fue llevada a cabo “en aguas internacionales” y tuvo como objetivo a “dos narcoterroristas” que, asegura, “fueron abatidos sin bajas estadounidenses”.

El mensaje estuvo acompañado por un video difundido en la red X (ex Twitter) donde se observa una lancha a toda velocidad destruida en pleno mar abierto. Es el primer ataque de este tipo en el Pacífico; los anteriores siete se habían desarrollado en el Caribe. En total, al menos 34 personas han muerto en esta campaña militar que Washington describe como parte de una “guerra contra los cárteles”.

El argumento oficial del gobierno de Donald Trump es claro: Estados Unidos se encuentra, según su propia declaración, en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga.

El razonamiento se apoya en un decreto presidencial que reclasifica a los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas, al mismo nivel que Al Qaeda o ISIS. Desde esa perspectiva, Washington se atribuye el derecho de usar la fuerza militar en su contra en defensa propia.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió Hegseth en su publicación.

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La administración también justifica los ataques apelando a las 100.000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos, a las que define como un “ataque armado” que habilitaría una respuesta bélica.

El vacío jurídico y las críticas del Congreso

Sin embargo, dentro del propio sistema político estadounidense no hay consenso sobre la legalidad de estos ataques. El senador demócrata Mark Kelly declaró en CBS que, cuando la Casa Blanca informó al Congreso sobre la campaña, “les costó mucho explicar la justificación legal y constitucional de hacerlo”.

Kelly también reveló que el Ejecutivo mantiene una lista secreta de más de veinte organizaciones a las que considera objetivos militares, sin compartirla con el Poder Legislativo.

Expertos en derecho internacional han advertido que los militares no pueden atacar deliberadamente a civiles, aun cuando sean sospechosos de delitos, si no participan directamente de hostilidades. Para ellos, los ataques estadounidenses constituyen violaciones al derecho internacional humanitario y podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales.

Repercusiones en América Latina

Las consecuencias políticas de esta ofensiva se sienten con fuerza en la región. El presidente colombiano Gustavo Petro denunció que dos de los ataques causaron la muerte de ciudadanos colombianos y acusó a Washington de “asesinato”. En Trinidad y Tobago, familiares de dos jóvenes también aseguran que sus hijos murieron en una operación estadounidense.

El canciller venezolano Yván Gil calificó las acciones como una “fabricación de enemigos para justificar masacres en el mar Caribe”.

Los expertos en derechos humanos de la ONU coincidieron en esa crítica. En un comunicado, advirtieron que el uso de la fuerza armada sin una base jurídica adecuada “viola el derecho internacional del mar” y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la intervención y el uso de la fuerza contra la soberanía de otros Estados.

“Estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad regional”, señalaron. Además, recordaron que grupos como el Tren de Aragua, a los que Trump considera “terroristas”, no están atacando a Estados Unidos, por lo que no puede invocarse la legítima defensa según el derecho internacional.

Más allá de la retórica de la “guerra contra el narco”, varios analistas ven en esta ofensiva una herramienta de presión geopolítica, especialmente sobre Venezuela.

El país caribeño, sin salida al Pacífico, fue mencionado en los primeros ataques como escenario de operaciones “contra pandillas venezolanas”. Trump ha admitido públicamente haber autorizado acciones de la CIA en territorio venezolano, e incluso algunos asesores impulsan ataques terrestres para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

El discurso sobre el narcotráfico, sostienen estos especialistas, sirve de marco para una política intervencionista con fines estratégicos más amplios: controlar rutas marítimas, condicionar gobiernos adversos y reforzar la presencia militar estadounidense en el hemisferio.

¿Defensa legítima o extralimitación militar?

El debate sigue abierto y atraviesa todos los planos: jurídico, ético y político. ¿Puede un Estado extender el concepto de “defensa propia” a una guerra contra el narcotráfico global? ¿O se trata de una reinterpretación unilateral que erosiona el orden jurídico internacional?

Mientras Washington insiste en que combate un enemigo sin territorio, las imágenes de barcos destruidos y víctimas sin juicio previo alimentan la percepción de que Estados Unidos está actuando fuera del marco del derecho internacional, reeditando viejos fantasmas de intervención.