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La denuncia pública acerca de que en La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio se detectó la presencia de más de 100 jardines maternales y de infantes “truchos”, que atienden a chicos de 1 a 5 años de edad, reclama la inmediata intervención de las autoridades educativas acerca de esta grave irregularidad. De confirmarse ese dato, no encuentra explicación que se haya permitido este ejercicio ilegal en un área tan sensible.
Tales lugares no están habilitados, no cuentan con docentes titulados, como así tampoco de infraestructura idónea para brindar seguridad a los menores, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa). En el informe publicado ayer en este diario, se advirtió a las familias que buscan vacantes para el ciclo lectivo 2026, sobre el “crecimiento sostenido” de espacios que funcionan bajo la apariencia de jardines de infantes, pero que no cuentan con reconocimiento oficial ni supervisión estatal.
También se detectaron, pero en menor cantidad que en nuestra región, jardines ilegales en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, San Martín, Villa Ballester, Tres de Febrero y Hurlingham.
Cabe consignar que las salas de 4 y 5 años de edad forman parte de la educación obligatoria, pero tal como se dijo desde Aiepa “no cuentan con personal docente titulado, supervisión pedagógica ni control estatal, lo que significa que nadie garantiza qué se enseña, cómo se enseña ni quién lo hace”.
Además, la falta de habilitación por parte de Diegep implica riesgos concretos en materia de seguridad edilicia y sanitaria. Los jardines reconocidos por Diegep deben acreditar condiciones edilicias seguras, en requisitos que en estos casos son soslayados.
Tal como se señaló los jardines autorizados por el Estado provincial deben acreditar condiciones edilicias seguras -salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, de gas, potabilidad de agua y limpieza de tanques, sanitarios adecuados, ventilación, patios seguros- y protocolos ante accidentes o emergencias médicas. Por su parte, además de estas eventuales deficiencias, los jardines truchos no suelen contar “con personal docente titulado, supervisión pedagógica ni control estatal, lo que significa que nadie garantiza qué se enseña, cómo se enseña ni quién lo hace”, dijo la entidad.
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La informalidad en cualquier actividad ya es, de por sí, peligrosa. En especial si se desarrolla para el conjunto de la sociedad, como ocurre, por ejemplo, con la venta ambulante de objetos o comidas sin ningún tipo de contralor oficial. En el caso que aquí se menciona, donde los posibles perjudicados son nada menos que menores de edad, la situación resulta injustificable y alarmante en extremo.
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