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Denuncian al Gobierno por la exportación de granos sin retenciones

Por Redacción

El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño (PRO) presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por la firma del Decreto 682/2025, que eliminó de forma transitoria las retenciones a granos y subproductos.

En la denuncia, el legislador afirma que ese cupo “fue absorbido en tiempo récord por un reducido grupo de grandes cerealeras”, mientras que “la mayoría de los productores quedaron excluidos”.

El decreto dictado el 22 de septiembre de 2025 habilitó un mecanismo por el cual, en apenas 72 horas, se inscribieron exportaciones por u$s 7.000 millones.

Carreño plantea que la medida habría implicado “un perjuicio fiscal de aproximadamente u$s 1.500 millones”, equivalente al 9% de la recaudación de septiembre, y que la operatoria podría configurar “administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público e información privilegiada”.

En el texto presentado, el legislador sostiene que “el plan fue ideado en el Ministerio de Economía luego de una contrapropuesta de los exportadores” y que existieron “acuerdos previos y confidenciales con las cerealeras”. En ese contexto, se atribuye al ministro Luis Caputo la instrucción a empresarios de “acelerar que hay que terminarlo”, frase que -según la denuncia- podría ser considerada como un acto de información privilegiada.

La denuncia subraya que “diversas entidades rurales denunciaron exportaciones sin la tenencia física de los granos”, lo que violaría la normativa vigente. Incluso, cita que “el propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta circunstancia”.

La legislación aduanera, recuerda el escrito, exige que “los exportadores acrediten la existencia física de la mercadería” antes de inscribir operaciones

Para Carreño, la operatoria funcionó como “un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un perjuicio fiscal grave y arbitrario”.

Los principales beneficiarios fueron “unas pocas empresas privadas” dijo el diputado cordobés.

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