Caso YPF: por qué podría revertirse la sentencia que obligaría al país a pagarle a sus demandantes

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó que YPF deberá entregar información solicitada por los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión rechaza un intento de la compañía argentina de limitar la presentación de documentos y comunicaciones internas, y representa un nuevo avance de los demandantes en su objetivo de ejecutar la sentencia que condenó al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares.

La magistrada ordenó que YPF facilite correos electrónicos, mensajes y otros intercambios entre funcionarios y directivos de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, considerados “comunicaciones fuera de canal”. Los fondos reclaman acceder a ese material para determinar si YPF actuó o actúa como “alter ego” del Estado, lo que les permitiría avanzar sobre sus bienes para cobrar la indemnización dictada por la justicia estadounidense.

La presentación de esta documentación debe realizarse antes del 30 de octubre, y forma parte del proceso conocido como discovery, una etapa previa a posibles embargos o medidas de ejecución. Si los demandantes logran demostrar que la empresa mantiene una relación de dependencia funcional o económica con el Estado argentino, los jueces podrían habilitar el embargo de activos de YPF en el exterior.

Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, exaccionistas de YPF, que demandaron al Estado por la forma en que se concretó la estatización en 2012. En 2023, Preska falló a favor de los fondos y condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, más intereses, una de las mayores sentencias internacionales contra el país.

Aunque el Gobierno argentino apeló el fallo, la condena no se encuentra automáticamente suspendida. Por eso, los demandantes avanzan en la búsqueda de activos sobre los cuales ejecutar la sentencia. La inclusión de YPF en esta fase del proceso judicial implica un riesgo potencial para la compañía, que podría ver comprometidos sus bienes si la justicia estadounidense determina que actúa bajo control directo del Estado.