Reformas y reformistas

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Primero el orden fiscal, después el orden en las principales instituciones del sistema económico, y entonces nada podrá detener a la potencia argentina. Así se suceden los hechos en la utopía libertaria, para lo cual 2026 será clave como año de reformas de segunda generación.

Con el nuevo Congreso, el Gobierno afrontará el debate de las reformas más importantes de su gestión en un clima legislativo mucho mejor del esperado. Asegurado el tercio necesario para blindar vetos, el resultado electoral le deja servida la posibilidad de aprobar el Presupuesto 2026 y de sentar las bases de una configuración de alianzas que permita una mayoría relativamente estable.

Desde el oficialismo siguen moviendo las piezas para conseguir la base de apoyo más amplia posible, que permita negociar con mayor margen de maniobra las reformas que buscan. Sin embargo, hay variables que, por más negociación, no podrán torcerse. Con el PRO y aliados llegan holgados a ser la primera minoría en ambas cámaras, pero lejos de una mayoría absoluta estable. A su vez, el cálculo para llegar a los dos tercios en el Senado seguirá privilegiando las negociaciones con el peronismo.

En cuanto a las reformas, hay dos que ya están activadas y cuyas versiones preliminares probablemente estén cerradas antes de fin de año. Aunque algunos sostienen la necesidad de diseñarlas y tratarlas en conjunto, en el oficialismo han distribuido las tareas entre los actores económicos interesados.

Esto ocurre porque Javier Milei tiene objetivos claros y sabe que el resultado será subóptimo en la medida en que deba hacer concesiones. En este sentido, a diferencia del enfoque utilizado con el Decreto 70 o la Ley Bases, lo importante ahora es lograr el avance posible hacia una baja impositiva, una descentralización de la política tributaria y una reforma laboral que reduzca costos e incertidumbre para el sector privado.

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En Diputados, LLA y el PRO quedarán a 22 bancas del quórum propio. Y dado que los proyectos en cuestión hacen imposible negociar con el kirchnerismo o la izquierda, solo quedan fuerzas cuyos intereses están firmemente anclados en la defensa del federalismo y en el objetivo de obtener beneficios para sus provincias.

UNA SÍ, OTRA NO TANTO

Aquí surge una diferencia central: la reforma laboral no debería enfrentar mayores inconvenientes, pero la impositiva es otra historia. Los cambios que impulsa el Gobierno implicarían la transformación más relevante del esquema de federalismo fiscal desde la Ley de Coparticipación de 1988, que institucionalizó el ahogo financiero de la provincia de Buenos Aires y el financiamiento desproporcionado de provincias que se han convertido en Estados rentísticos.

La idea que circula en el Gobierno no alteraría la distribución de la masa coparticipable definida por la Ley vigente, pero crearía un nuevo régimen basado en un suplemento a la alícuota del IVA, gestionado por cada provincia, que implicaría eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos como condición necesaria para su implementación. Incluso con un “súper IVA” con un 9% extra estándar, la tasa efectiva sobre las ventas y, por ende, la presión tributaria, caería contundentemente para la mayoría de los sectores industriales y comerciales.

Ahora bien ¿por qué un gobierno provincial que hoy se beneficia de un régimen excepcionalmente asimétrico aceptaría un esquema que recortaría drásticamente sus ingresos? Será un trabajo para Santiago Caputo y compañía, que aún desde su rol relegado deberá encarar la labor que Santilli difícilmente podría resolver, ni con todo el margen de los ATN.

Al final del día, el éxito de la reforma impositiva dependerá menos de la ingeniería fiscal y más de la capacidad del Gobierno de reordenar los incentivos políticos de los mandatarios provinciales. 2026 pondrá a prueba si las provincias prefieren aggiornar sus modelos fiscales o pagar el precio político de quedar fuera del nuevo clima de época.

Y es esa definición, no el detalle técnico de las alícuotas, la que terminará marcando el pulso reformista del próximo año.