La familia de Johana Ramallo, vista por última vez el 26 de julio de 2017, en la estación de servicio de 1 y 63; y cuyos restos fueron encontrados en agosto de 2018 en la playa Palo Blanco de Berisso, volvió a alzar la voz ante lo que describen como una “dilatación intolerable” del juicio oral que debía marcar un paso decisivo hacia la verdad. El proceso, que comenzó en el mes de mayo ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, avanza con una lentitud que desespera a sus allegados: en siete meses solo pudieron concretarse trece audiencias, muchas de ellas suspendidas a último momento.
Frente a este escenario, y tras otra jornada frustrante el último viernes, la familia convocó a una conferencia de prensa para esta jornada a las 13 horas, donde exigirán explicaciones y una aceleración real del debate.
“La bronca no se agota”, expresaron en redes luego de que la audiencia volviera a pasar a cuarto intermedio cuando dos de los cuatro testigos citados no asistieron y uno de ellos -integrante del Servicio Penitenciario- contradijo su propia declaración de hace ocho años alegando “no recordar nada”.
El juicio busca esclarecer las responsabilidades sobre la desaparición y muerte de Johana. Ocho personas están imputadas por delitos vinculados a explotación sexual, venta de estupefacientes, facilitación de la prostitución, encubrimiento y falso testimonio. La familia insiste en que el avance del debate es crucial no solo para determinar el rol de esta red criminal en la captación de Johana, sino también para que finalmente surjan elementos que permitan identificar a los responsables directos de su asesinato.
“Hace meses que esperamos que el Tribunal cumpla con lo que corresponde”, lamentan.
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