Gobierno vs. Cristina: la denunció por fraude y estafa

El Gobierno de Javier Milei radicó ayer una denuncia penal contra Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”. La acusación apunta a las bonificaciones por “zona austral” que, pese a residir en la ciudad de Buenos Aires, percibía la exmandataria en sus dos pensiones vitalicias: la derivada por viudez del ex presidente, Néstor Kirchner, y la que le corresponde a ella en su carácter de expresidenta.

La presentación fue impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Julián Ercolini. Es el mismo magistrado que investiga a la expresidenta en otros casos de peso, como Vialidad, y al expresidente, Alberto Fernández, por la causa Seguros y la denuncia por violencia de género que inició Fabiola Yáñez.

En el expediente en el que la Anses solicitó ser “parte querellante” se acusa a la actual titular del PJ de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”, para recibir un plus en sus asignaciones que solo puede ser percibido por quienes tengan “residencia efectiva o radicación real” en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, según detallaron los denunciantes por el Estado, Ignacio Javier Uresandi (director de la Oficina de Integridad de la Anses) y Maximiliano Raúl Rima (coordinador de Asuntos Penales).

Advirtieron que, “en el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento que su residencia estuvo en la ciudad de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la provincia de Buenos Aires y luego como vicepresidenta de la Nación”.

En esa línea, aseguraron que el cobro de dicho beneficio constituyó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.

Montos

Según se detalló, entre ambas asignaciones, Cristina percibía un total en bruto de $35.255.297,73, equivalente a “casi 136 jubilaciones mínimas”, según calculó el Gobierno. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65.

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Ya en noviembre pasado, la Anses denunció que, pese a vivir en la capital federal, la exfuncionaria había presentado un certificado de domicilio de Río Gallegos que le permitiría cobrar un suplemento por zona austral de $6.354.523. Tras ello, el Gobierno publicó una resolución estableciendo que los haberes de privilegio “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública”.

Ahora, la Casa Rosada dio un paso más en ese sentido al acusar a la ex vicepresidenta de “haber presentado declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral”. También la culpan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el Ministerio de Desarrollo Social esas declaraciones juradas con datos falsos”, lo que configuraría el delito de “falsedad ideológica”.

Para la Anses, Cristina cometió “actos de corrupción” y solicitó al juez varias medidas de prueba para esclarecer el caso. Entre ellas, que el Banco Central informe la radicación de los movimientos de cuenta de la exmandataria durante el período 10/12/2017-10/12/2023; que el Ente Nacional de Comunicaciones detalle la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la exvice; pericias caligráficas para constatar la solicitud de la bonificación y pericia Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la Anses.