Máximo y Florencia: bienes en la mira

Aunque no figuran como imputados en la causa Vialidad, Máximo y Florencia Kirchner quedaron ahora en el centro de la escena judicial. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió escucharlos antes de avanzar con la ejecución patrimonial derivada de la condena a su madre, Cristina Kirchner, y a sus ex- socios. La decisión se explica porque en la lista de bienes bajo análisis aparecen veinte propiedades que la exmandataria les cedió a sus hijos en 2016, tras dejar la Casa Rosada.

El proceso de decomiso se activó en julio, cuando el tribunal intimó a los condenados -entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti- a pagar más de 684.990 millones de pesos. Ese dinero debía ingresar en un plazo de diez días como reparación por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ninguno de los acusados cumplió.

El fiscal Diego Luciani reclamó avanzar sin demoras con la ejecución de un primer bloque de bienes: hoteles, terrenos y complejos de departamentos vinculados a la familia Kirchner, además de 89 inmuebles de Báez. Según la acusación, ese conjunto no agotaba la totalidad del patrimonio posible de decomisar, pero bastaba para empezar.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu optaron por otro camino. En su resolución afirmaron que apartarse del debido proceso podría generar nulidades y afectar derechos constitucionales. Por eso, corrieron traslado a todas las defensas y también a los hijos de la ex presidenta.

Patrimonio en discusión

Entre los bienes señalados se destacan el Hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate, un complejo de departamentos en Río Gallegos y terrenos en Santa Cruz. Todos ellos fueron incorporados al patrimonio durante los años en que, según la sentencia, se desarrolló la maniobra fraudulenta (2003-2015).

En el caso de Lázaro Báez, la lista incluye estancias, casas, departamentos y cocheras, tanto en Santa Cruz como en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las propiedades figura incluso la vivienda donde cumplió arresto domiciliario en El Calafate.

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Cruce con la fiscalía

La resolución también dejó en evidencia la tensión entre el tribunal y los fiscales Luciani y Sergio Mola. Los jueces cuestionaron su estilo argumentativo, al que describieron como “diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”. Y advirtieron que avanzar sobre un derecho fundamental como la propiedad sin oír a las defensas resulta incompatible con la misión institucional de la fiscalía.

La decisión del TOF 2 tiene consecuencias que trascienden lo judicial. Para Máximo, actual diputado y jefe de La Cámpora, supone verse involucrado formalmente en un expediente que su espacio político califica como persecución. Para Florencia, que mantiene un perfil reservado, implica quedar asociada públicamente a un proceso que disputa no solo bienes materiales, sino también el legado familiar.