El Gobierno demoraría la aplicación de la ley

El Gobierno sufrió un nuevo cachetazo legislativo. Previsible, pero no menos sonoro. El rechazo al veto del Presidente a la ley de emergencia en Discapacidad era el final cantado de un traumático proceso que arrancó en el Congreso, que Javier Milei cruzó con dureza y que ahora ambas cámaras terminaron por confirmar con la votación de ayer en el Senado.

La altísima sensibilidad del tema en discusión no fue el único motivo por el que el Gobierno libertario se expuso a un nuevo revés. Su propia impericia para ensayar alguna negociación y por el contrario el hecho de sostener que la actualización de las pensiones iba a horadar su plan de equilibrio fiscal, fueron apenas dos elementos que habían dejado escrito de antemano el epílogo de esta nueva pulseada entre Milei y el Congreso.

El Presidente no pudo esta vez construir ni siquiera el apoyo de un tercio de los legisladores para impedir que la ley fuera ratificada. El destrato a muchos de los gobernadores que ayudaron en otras ocasiones a la Casa Rosada pudo haber pesado en esa falta de respaldo. También, con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, los mandatarios provinciales no encontraron incentivos para cooperar con un Gobierno que no sólo suele ningunearlos sino que también en algunos casos los desafiará electoralmente en octubre.

Milei anticipó en varias ocasiones, incluso en discursos públicos, que iría a la Justicia contra eventuales decisiones del Congreso de rechazar sus vetos. Ahora, ese escenario se terminó por delinear.

El Gobierno quedó así de cara a definir qué hará cuando el Parlamento le comunique su decisión. Si bien, como se dijo, el Presidente anunció que recurriría a la Justicia, ahora trascendió que la Casa Rosada podría reorientar su estrategia para dilatar la aplicación de la ley.

Una de las alternativas de las que se hablaba ayer es que la administración Milei podría dejar pasar el tiempo y no reglamentar la norma que está obligada a aplicar.

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Así, no sólo buscaría ganar tiempo: también perseguiría el objetivo de que sea la oposición parlamentaria la que vaya a la Justicia para reclamar la aplicación de una norma aprobada por el Congreso.

Anoche se decía que el Gobierno esperaría a que actúe la oposición en los tribunales en busca de que sea la Justicia la que intime al Ejecutivo a poner en marcha la ley que establece una actualización de las pensiones. Recién entonces, la Casa Rosada respondería judicialmente.

En algunos laboratorios de la Casa Rosada se especulaba con que el capítulo judicial dilataría los tiempos y le permitiría al Gobierno llegar hasta diciembre.

El Gobierno cree que luego del recambio legislativo tendrá una composición parlamentaria más favorable para eventualmente poner en discusión otro proyecto vinculado al tema de la discapacidad.

Si bien, como se dijo, Milei había dicho que el Gobierno iba a judicializar el rechazo al veto, en las últimas horas, y con el desenlace inevitable en el Senado, la estrategia oficial habría virado en busca de dilatar los tiempos.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

El Gobierno asegura que la aplicación de la ley y los gastos que generaría, serían un ataque directo al “equilibrio fiscal” que quiere sostener contra viento y marea.