La motosierra llega al campo

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La motosierra avanza...y seguirá avanzando. El presidente, Javier Milei, despejó cualquier duda sobre el futuro del ajuste en el discurso que pronunció en el AmCham Summit 2026, el evento organizado la semana pasada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. “La teoría económica y la evidencia empírica dicen que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal..., seguir con la motosierra. En la reunión de gabinete di la orden de que la motosierra no para”, afirmó.

Ante una recaudación impositiva que ya encadenó ocho meses consecutivos de caída, el gobierno libertario enfrenta cada vez mayores dificultades para mantener el equilibrio fiscal, la piedra basal de su esquema económico. El incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y de la ley de Emergencia en Discapacidad, la decisión de no actualizar los subsidios a las empresas de colectivos pese al brusco aumento del precio del gasoil y las demoras en el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI son algunas muestras de la inflexibilidad -y de las prioridades- del gobierno a la hora de recortar gastos en un contexto de ingresos tributarios a la baja.

Con la motosierra afilada, los efectos de los recortes ya no se limitan a las áreas que dependen directamente del presupuesto estatal, sino que se van extendiendo a otros sectores. Uno de ellos es el agropecuario. Las salidas de personal especializado, el cierre de agencias y la drástica reducción presupuestaria en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amenazan con quitarle al sector agrícola herramientas muy relevantes para su desarrollo.

Los recortes más significativos

En el INTA, organismo clave por la transferencia a los productores de innovaciones que van desde nuevas variedades de cultivos y métodos de control de plagas hasta tecnologías de precisión que mejoran los rendimientos, los recortes se vienen profundizando. La suspensión dispuesta por el gobierno a la reposición de vacantes ante renuncias, jubilaciones o fallecimientos viene contrayendo el personal, tanto el administrativo como el técnico. Ese achicamiento se acelerará con el retiro voluntario en marcha -el segundo en dos años-, una puerta abierta hasta el 31 de mayo por la que técnicos e investigadores con salarios devaluados podrían partir al sector privado.

En el caso de INTA Pergamino, por ejemplo, el ajuste implicó que la dotación pasara de 225 personas a 200 en dos años. “Si sigue la tendencia de no reponer vacantes, hay un límite a la capacidad de poder solapar actividades o de hacernos cargo de agencias de extensión que se van cerrando”, dijo a El Economista Horacio Acciaresi, su director.

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Al cierre de más de 20 agencias de extensión rural en todo el país se agrega el de la Estación Experimental del INTA-AMBA, que dejó de funcionar a fines de febrero pasado luego de más de 15 años de trabajo científico y de asistencia técnica a las granjas familiares del conurbano bonaerense.

En el SENASA, un organismo que cumple un rol fundamental en el control sanitario de alimentos y en la certificación de exportaciones, se registran despidos y, sobre todo, retiros voluntarios y renuncias de profesionales ante la drástica caída de los ingresos frente a la inflación. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el personal pasó de 6.000 trabajadores a fines de 2023 a 4.848 en la actualidad. Eso viene afectando la capacidad del control sanitario, lo que representa una desventaja para las exportaciones argentinas en un mundo en el que crece el uso de barreras sanitarias como estrategia de protección de mercados.

En tanto, en el INASE, el organismo encargado de garantizar que los productores accedan a semillas de calidad y de proteger los derechos de los fitomejoradores, el escenario es similar aunque a menor escala. El personal pasó de 259 empleados a fines de 2023 a 211 en la actualidad. “Lo más grave es que la mayoría del personal que se fue por los bajos sueldos en los últimos dos años son profesionales: ingenieros agrónomos, técnicos de laboratorio y abogados”, dijo a El Economista Silvana Babbitt, quien trabajó más de 20 años en el INASE como ingeniera agrónoma y fue presidente del instituto desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023.

Ese contexto se vuelve aún más acuciante frente a la decisión del gobierno de adherir al convenio UPOV 91, una normativa más estricta que la que rige en la actualidad en materia de defensa de la propiedad intelectual en semillas. Más allá de los debates en torno a ese marco -buena parte de las entidades agrícolas se manifestaron en contra-, el ajuste en el INASE parece avanzar en contra de las intenciones del propio gobierno.

Mal pronóstico

La motosierra también alcanza, y con toda su potencia, al Servicio Meteorológico Nacional. En diciembre de 2023, ese organismo contaba con una planta de 1.162 empleados que fue reducida a 980 en la actualidad. La poda podría continuar incluso con más fuerza este año. El recorte de personal estuvo acompañado en los últimos dos años por una reducción del presupuesto superior al 40%. Ese tijeretazo viene impidiendo, por ejemplo, el reemplazo de instrumentos meteorológicos y de componentes del centro de cómputos.

Además del acelerado deterioro de las rutas por la parálisis de la obra pública, lo que dificulta cada vez más el traslado de la producción, el campo sufre otro efecto menos visible pero igual de negativo: la pérdida de herramientas y de controles clave que históricamente aportó el Estado.

En tiempos de estándares sanitarios, ambientales y de trazabilidad cada vez más exigentes en el mundo, Argentina parece marchar, otra vez, a contramano.