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Por MARTIN TETAZ (*)
El tamaño no importa
Twitter: @martintetaz
¿Le parece caro o barato 200 pesos? ¿Verdad que no tiene sentido la pregunta? Obviamente la respuesta depende de que es lo que sale $200. Doscientos pesos por llenarme el tanque de nafta me parecería baratísimo, pero si me quieren cobrar eso por un sándwich de jamón y queso sería un robo.
Aunque el razonamiento sea tan fácil, muchos analistas e incluso algunos economistas se han largado en tiempos de campaña a un debate absolutamente fútil respecto del tamaño del Estado. Unos acusan a otros de querer achicar el Estado y otros replican que el gasto público no ha hecho más que crecer en estos últimos 12 años, batiendo todos los récords y ahogando al sector privado.
¿Pero es mucho que el Estado represente el 40% de la economía? Igual que en el ejemplo del primer párrafo, depende. Si estamos hablando de Finlandia, que según los últimos datos del Banco Mundial tiene un sector público que abarca el 39,1% del PBI, la respuesta es no, no es mucho. El país nórdico provee a sus ciudadanos de manera gratuita de la mejor educación del mundo (según las pruebas PISA) y tiene una cobertura de salud universal que pondría envidiosa a la mejor pre paga de Buenos Aires. La calidad y cantidad de espacios públicos es asombrosa y la infraestructura de transporte y comunicaciones lo posiciona como el octavo mejor país del mundo en esa dimensión.
Pero si el Estado representa el 36% del PBI y la clase media tiene que pagarse la educación y la salud aparte, contratar seguridad privada y disponer de un medio propio de transporte, porque el servicio público es deficitario, pues la verdad que ese 36% resulta tremendamente oneroso y pesado, generando una tremenda carga impositiva que pesa sobre los hombros de los productores y consumidores.
Más allá del tamaño óptimo en el largo plazo, para sortear las vicisitudes de la coyuntura los Estados modernos aumentan el gasto público en momentos de caída de la actividad económica y reducen las erogaciones cuando la tormenta queda atrás.
Así, cuando el sector privado contrae voluntariamente el consumo y la inversión, por ejemplo porque por razones de incertidumbre no tiene claro cómo será la situación económica en el futuro, el sector público ocupa ese lugar pagando seguros de desempleo para mantener la demanda de los trabajadores y haciendo obra pública para sostener la infraestructura.
De esa manera el Estado contribuye a suavizar las oscilaciones en el nivel de producción, evitando las fuertes subidas y bajadas, que a semejanza de una montaña rusa, sacuden a la economía.
En nuestro país, el problema no es que el Estado sea grande. El drama es que produce bienes y servicios públicos de muy baja calidad. Prueba de ello es que la escuela y la salud pública quedaron como refugio de los pobres que no pueden costearse el sistema privado. A juzgar por los accidentes de Cromagnon y Once, los talleres textiles clandestinos incendiados, los celulares sin señal que se cortan en 2 de cada 3 llamadas y el 35% de trabajadores que están en la ilegalidad y sin protección, entre otros, la burocracia regulatoria es cara e inefectiva.
Más aún; según el informe de Doing Business, que depende del Banco Mundial, los trámites para abrir una empresa en Argentina demoran 25 días en promedio, cuando en Chile se tarda 5,5 días para cumplir con la misma formalidad y en Uruguay 6,5. Lo mismo sucede con los permisos de construcción; en nuestro país hay que hacer 24 trámites distintos que demoran 365 días, mientras que nuestros vecinos transandinos solo requieren 15 diligencias administrativas, que les insumen 155 días y los charrúas 22 pasos burocráticos, que hacen en promedio en 256 jornadas. La contracara de la burocracia es la falta de control real, cuya consecuencia es que se construya sin planificación colapsando los servicios y favoreciendo las inundaciones.
Ni hablar del funcionamiento lento de la Justicia, la corrupción escandalosa de los funcionarios que impunemente pasan de cajero de banco a multimillonario y la protección inexistente en las fronteras que nos dejó como consecuencia el narcotráfico y el delito.
Tampoco funcionan aquí las políticas anti cíclicas, porque lejos de ser prudentes y garantizar el equilibrio presupuestario en el largo plazo, son siempre expansivas, haciendo que el sector público empuje fuera de la producción y el empleo al sector privado, para terminar generando bienes y servicios de mala calidad. Encima la economía cada vez crece menos, a medida que aumenta ese gasto. Entre 2003 y 2007 cuando según un estudio del IERAL el gasto representaba el 32% de la economía, el PBI volaba a tasas chinas del 8,5% anual, pero entre 2012 y 2015 con el gasto en el 50% la economía está estancada.
En consecuencia, cuando uno observa el aumento sostenido del peso del sector público en la economía entra en pánico, no porque el tamaño importe, sino porque nadie percibe más y mejores servicios públicos. Tampoco se nota una presencia eficiente del Estado en materia de regulaciones y controles.
Entonces como el Estado está gordo y fofo, es lógico que muchos quieran ponerlo a dieta, pero tampoco hay que matar al perro para terminar con la rabia. Necesitamos un Estado que esté presente y funcione. Que regule, marque la cancha, establezca las reglas y luego permita que los privados jueguen libremente, produciendo y consumiendo.
Si termina siendo más grande o más chico, poco importa.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS)
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