Después de los Juegos Olímpicos, la crítica realidad del fútbol argentino

Todavía son muchos los seguidores del deporte que buscan en las pantallas de sus televisores el paso arrollador de Usain Bolt, las gambetas de Neymar, las tomas de Paula Pareto o los “escopetazos” tenísticos del recuperado Juan Martín del Potro. Fueron las anteriores dos semanas en las que millones de espectadores se sumaron al ritmo colorido y cambiante de los Juegos Olímpicos disputados en Río de Janeiro. Buena parte de la vida cotidiana se vio contenida por ese festival y así fueron surgiendo expertos en canotaje, en deportes de vela, en lanzamientos de jabalina o disco. Pero ese encuentro ya terminó y ahora existe para todos la obligación de reacomodarse y seguir las rutinas de siempre.

En ese contexto, es la vida del fútbol argentino la que debe regenerarse en profundidad, como única alternativa para poder emerger de la profunda crisis en que cayó. Como se sabe, el Comité de Regularización de la AFA confirmó que se llegó a un acuerdo ad referendum del plenario de los clubes de la división del ascenso para confirmar el arranque de los torneos profesionales. Lo cierto es que los dirigentes de todas las categorías lograron consenso para que vuelva la competencia futbolística en nuestro país.

Al margen de los gravísimos problemas financieros que aquejan al fútbol argentino, como producto de una sucesión de políticas desafortunadas y de criterios permisivos basados, esencialmente, en la permanente intervención del Estado como tabla de salvación, hasta llegarse a cuadros deficitarios que costará superar, sigue pendiente de solución el gravísimo problema de la violencia que se ha enquistado en el fútbol.

Las penosas experiencias registradas en los estadios en los últimos años -y no sólo en ellas, sino en los múltiples escenarios públicos y privados en los que pululan los grupos de delincuentes más conocidos como barrabravas- en situaciones que han venido obligando a prohibir la presencia de hinchadas visitantes, de haber tenido que asignar en casi todas las fechas unos 10 mil policías para custodiar quince partidos de fútbol de primera división, obligan a revisar a fondo el tema de la violencia en el fútbol.

Se ha dicho en reiteradas oportunidades que el país no puede permitir que siga creciendo esa espiral interminable de violencia en el fútbol, ni resignarse ante ella o enfrentarla mediante el montaje de insólitos y costosos blindajes policiales.

En el crudo contexto de inseguridad general existente, no parece atinado distraer verdaderos ejércitos de custodios sólo para garantizar que no se produzcan incidentes en un partido de fútbol. Que, además, se siguen registrando. Pareciera que faltan políticas preventivas, que debieran resultar eficaces frente a un tipo de delito -el que se comete con el pretexto del fútbol- que hoy sigue apareciendo como irrefrenable. De sobra se conoce que la cuestión de fondo sigue siendo la de la presencia activa de los barrabravas en los clubes que, en lugar de ser erradicados adquieren, más injerencia y una creciente impunidad. Tampoco puede dejar de señalarse la llamativa inoperancia dirigencial que rodea al tema de la violencia en los estadios y, asimismo, debieran ajustarse los resortes legales y reglamentarios para colocar a los jugadores, árbitros, hinchas y demás personas relacionadas al fútbol en los márgenes requeridos de la legalidad, que son siempre amplios si existe una sólida educación cívica y que sólo podrán parecerles estrechos a quienes pretenden sacar ventajas de las situaciones de anarquía que ellos mismos provocan.