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El empresario Enrique Blaksley Señorans, llamado "El Madoff argentino", y sus tres socios en la empresa Hope Funds S.A fueron procesados hoy y continuarán detenidos, acusados de haber estafado a al menos 318 personas, en lo que se conoció como la mayor estafa en la historia del país, informaron fuentes judiciales.
Los procesamientos fueron dictados hoy por la jueza federal número 1 María Servini, en una resolución en la que, además, embargó los bienes de Blaksley en 3.000 millones de pesos.
La jueza procesó a los cuatro imputados por los delitos de "asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".
Además de Blaksley, la magistrada procesó con prisión preventiva a su socio en el directorio, Federico Dolinkue, a quien le trabó un embargo de 1.833 millones de pesos.
En la misma resolución, procesó a quien era gerente administrativo de Hope Funds, Alejandro Miguel Carozzino, y a la tesorera, su cuñada Verónica Vega, a quienes embargó en 2.777 millones de pesos.
Blaksley se encuentra actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza junto a su socio Dolinkue, en un pabellón donde se encuentran encerrados los presos por corrupción, como por ejemplo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Vega, en tanto, fue alojada en el penal de Mujeres de Ezeiza, mientras que Carozzino fue trasladado al penal de Marcos Paz.
De acuerdo a la acusación de la fiscal Alejandra Mángano, Blaksley y sus socios están acusados de haber defraudado al menos a 2.273 personas por un monto de 1.500 millones de pesos, entre los fondos entregados a las sociedades del grupo y los intereses acordados.
Con ese fin, desplegaba distintas actividades engañosas que consistían en participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Hard Rock Café y Hertz y en ser sponsor de distintos eventos como la visita del tenista Roger Federer y el velocista Usain Bolt al país.
Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas en Panamá con el único fin de canalizar el dinero.
En su indagatoria ante la jueza Servini, que se extendió dos días la semana pasada, Blaksley negó haber pergeñado una estafa contra miles de ahorristas y aseguró que en su compañía hubo un "desastre administrativo" a partir de 2015 que le impidió pagar a sus clientes.
Además, afirmó que si vende los activos que le quedan podría pagarle a todos los damnificados y por ese motivo pidió que le den un arresto domiciliario para poder seguir trabajando desde su casa con ese fin.
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