Un impuesto que incide negativamente sobre los alquileres

Economistas de relieve, como Adam Smith, han advertido que algunas veces las cargas tributarias que promueven los gobiernos -que pueden llegar a ser abusivas o desacertadas- actúan negativamente pues crean costos adicionales que desvirtúan el sentido de la imposición y desalientan la actividad económica. No sólo pueden verse desvirtuados principios de legalidad e igualdad, señalan, sino que tales gravámenes terminen restándole al Erario una mayor cantidad de ingresos.

Tal como lo han señalado especialistas y cámaras empresarias, es ésta la situación paradójica que se presenta en la provincia de Buenos Aires desde 2013, cuando la administración de Daniel Scioli hizo sancionar la creación del llamado Impuesto Inmobiliario Complementario, imaginado entonces como una forma de incrementar los recursos bonaerenses frente a la grave situación financiera del Estado provincial.

Se trata de un tributo que abarca a quienes son titulares, en forma parcial o total, de más de una partida correspondiente a la misma planta, ya sea urbana edificada, urbana baldía o rural. Es decir, alcanza a los “multipropietarios”, como los define el fisco.

Se trata de un tributo que se abona en cuatro cuotas y por el que el año pasado, la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) recaudó $1.510 millones, lo que significa un 0,7 por ciento del monto total recaudado en 2017.

Para un contribuyente que posee dos inmuebles urbanos edificados cuya valuación es $ 500.000 cada uno, la alícuota del impuesto no resultará la misma si se efectuara una liquidación por cada inmueble, que si se lo hiciera sobre el monto de valuación fiscal considerando la suma de ellos, es decir, 1 millón de pesos. En el primer caso –es decir, pagando por cada inmueble- el costo sería menor y, consecuentemente, la carga tributaria será más baja que la que paga ahora con el complementario.

Así, por ejemplo, si un multipropietario tiene que pagar 9.325 pesos por sus dos inmuebles en forma individual, al sumársele las valuaciones fiscales de ambos, deberá tributar 13.930 pesos por “caer” en una categoría más elevada. La diferencia es 4.604 pesos y ése es el valor del Inmobiliario Complementario que tendrá que afrontar.

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Uno de los impactos tiene que ver con los alquileres. “Los encarece en forma directa”, dicen sectores empresarios. Es que la aplicación de una mayor carga impositiva sobre los inmuebles en general es trasladada al valor que terminan pagando los locatarios. Pero no ha sido ni es la única consecuencia negativa que genera este impuesto. En nuestro país, una de las formas más tradicionales de atesoramiento es la compra de propiedades. Ahorrar en ladrillos resulta ser una de las costumbres y prácticas que encuentran los argentinos en procura de invertir y capitalizarse. En ese contexto cultural, el Impuesto Inmobiliario Complementario impacta, justamente, sobre esa instalada modalidad de inversión.

No debiera ser preciso aludir al efecto multiplicador que ejerce la construcción sobre la actividad económica general. La venta de materiale, la captación de mano de obra y otros beneficios productivos, más lo que significa fomentar la construcción de viviendas en una provincia, necesitada de construir millones de unidades habitacionales, advierten sobre la conveniencia de revisar la vigencia de un impuesto que, como se ha dicho, genera más perjuicios que ventajas.