La venta ilegal genera poder

Mientras el comercio minorista sigue azotado por la recesión, crece cada vez más el número de ferias llamadas “saladitas” y de vendedores ilegales que erróneamente son denominados ambulantes. Desde La Plata muchos fueron a instalarse en la Costa Atlántica pero dejaron sus “puestos” en manos de presuntos o presuntas suplentes, como puede observarse en varios lugares.

La estructura que los ampara o explota sigue exhibiendo una llamativa impunidad en el territorio de la Provincia, al contrario que en otras jurisdicciones como Mendoza o capital federal, sin que medie una explicación para ese “dejar hacer”. Perfeccionada esa organización mafiosa, hasta determina qué lugar del espacio público será atendido por cada vendedor y que ha logrado evitar discusiones entre quienes puedan pretender instalarse en un mismo espacio, aunque no se conoce qué método utiliza para hacer cumplir sus decisiones.

Como siempre, no existe una estadística o un estudio que analice la cantidad de empleos legales que se pierden por la caída de ventas que le ocasionan al comercio legalmente instalado, a la industria local que opera formalmente y finalmente lo qué deja de percibir el Estado por los impuestos y contribuciones que no se pagan. Tampoco se controla el origen de la mercadería, que puede provenir de la concreción de hechos delictivos. Es muy posible que las cifras sean mucho más importantes que las imaginadas por el común de las personas, ya que son la base de “empresas” que producen ese tráfico que abastece a cada puesto callejero, y que suele financiar la actividad en zonas céntricas de personas que fingen ser pacíficos transeúntes y que cuando se lleva a cabo un procedimiento de las fuerzas de seguridad se dirigen al lugar presurosos para realizar una demostración teatral de “solidaridad” con el ilegal y a veces con ribetes de violencia.

La expansión que han tenido esas estructuras pone de manifiesto el floreciente negocio en que se ha convertido al margen de la ley, que significa también daños para importantes fábricas y marcas con copias falsificadas de sus productos.

La Cámara Argentina de Medianas Empresas (CAME) difundió un estudio según el cual la venta ilegal en el país llegó a 120.777 millones en el año, lo que significaría una evasión solamente en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 25.235 millones de pesos a través de 490 “saladitas” y más de 79.000 vendedores callejeros ilegales. Esas cifras deben preocupar no solo por su significación económica sino también por el poder social y cultural que así alcanzan algunas mafias, que extienden su poder más allá de lo estrictamente comercial. Lo curioso es que hasta organizaciones con la presunta intención de defender a los pobres están sirviendo de escudo a las fuertes estructuras del contrabando, la falsificación y otros delitos sin calcular la pérdida de empleos que, como se dijo, genera toda esa actividad en la cual la mano de obra empleada hasta en talleres clandestinos y venta callejera carece de todo derecho sin que se denuncien estas situaciones.

No se puede seguir presionando impositivamente al comercio legalmente establecido y dar absoluta libertad a esas estructuras mafiosas que son fácilmente desarmables con la sola aplicación de ordenanzas municipales y leyes provinciales y nacionales. Vale la pena reiterar que no hay una explicación para que esas normas no se apliquen.

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