El crecimiento exponencial en la mayor parte del mundo de las expectativas de vida que hoy, en nuestro país, promedian algo más de 76 años de edad, viene acompañado, sin embargo, de connotaciones negativas y preocupantes tales como las distintas formas de maltrato contra los adultos mayores. Tales consideraciones cobraron especial vigencia en estas horas en que se acaba de celebrar el día mundial contra los abusos en la vejez, presentándose oficialmente una campaña que busca generar consciencia para el buen trato a las personas mayores, bajo el lema “Decidir es su derecho”.

Según detallaron los impulsores de la iniciativa en nuestro país -es decir, el ministerio de Salud y Desarrollo Social, ANSES y PAMI- los principales derechos a defender se centran en la autonomía de los adultos mayores para disfrutar del tiempo, manejar sus ingresos y vivir en libertad. Ello, en el visible contexto de todas las dificultades físicas y espirituales que deben sortear en la vida cotidiana.

Cabe recordar que en 2015, al realizarse en la Organización de Estados Americanos una convención sobre los derechos de las personas mayores, se firmó un documento cuyo objetivo marcó la necesidad de “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, según dice el texto rubricado por representantes de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

Se indicó que el aumento de la población mayor en el continente y la sensación de que está cada vez más desprotegida, motivó la redacción de una convención sobre el colectivo, una idea que según sus impulsores se ha estudiado también en el seno de Naciones Unidas pero, por el momento, no ha reunido el consenso necesario.

Concretamente, los derechos protegidos por la OEA son la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, el derecho a la participación y la integración comunitaria, y el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.

Es absolutamente cierto que, junto a los evidentes progresos de la medicina que han permitido extender las expectativas de vida, se ha forjado una nueva y cada vez más nutrida franja etaria, cuyas demandas diversas también se multiplican y que se encuentran enfrentadas a estructuras administrativas y sociales poco preparadas para absorberlas e interpretarlas.

Son muchos los expertos que han venido alertando en los últimos años sobre los crecientes desafíos que plantea la denominada globalización de la vejez, frente a cuya presencia se requieren cambios mucho más amplios de conceptos y estrategias y hasta, si se quiere, de una nueva cultura social que contenga y proteja mejor a los adultos mayores. Es sobre todo en este último rubro, el de las reivindicaciones sectoriales, inclusive en las de índole educativo, en donde cobra especial valor la convención de la OEA.

Lo que en definitiva parece estar cada vez más claro, es que, con criterio realista, los distintos Estados y las sociedades que los componen deben atender a las circunstancias actuales y, a la vez, estructurar con racionalidad e imaginación políticas integrales que acompañen esta verdadera revolución cotidiana que significa el nacimiento de la nueva generación de adultos mayores.