Un plan que aún no cuenta con medidas novedosas

Ricardo Rosales

prensa.rosalesr@gmail.com

Más allá de los deseos y las declaraciones, el programa económico iniciado en este año por la gestión de Alberto Fernández no presenta ningún aspecto novedoso o que pueda interpretarse como un cambio de sistema, capaz de modificar de manera drástica y en un sentido positivo, las expectativas para el consumo, el empleo, la inversión o un desarrollo más amplio de los sectores productivos. El plan instrumentado básicamente por medio de la ley de emergencia más la delegación de facultades al Poder Ejecutivo suenan a conocido y repetido. Medidas que no tuvieron resultado en gobiernos anteriores como la doble indemnización, impuesto a los consumos en dólares, subas de impuestos a las retenciones, bienes personales y otros tributos provinciales y municipales de fácil recaudación, congelamiento de tarifas con fuerte sesgo a favor de la región porteña y bonaerense respecto del resto del país, regreso de los subsidios a la energía y ajuste sobre el sistema provisional.

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En algunas pocas iniciativas positivas anteriores como una reducción progresiva de las contribuciones patronales o las retenciones a las exportaciones, se dio rápida marcha atrás.

Las expectativas para este año son bastante limitadas y con un horizonte escaso: frenar la caída aunque el 2020 daría otra vez negativo, igual que el empleo, con algo menos de inflación aunque esta meta no parece estar entre las prioridades el ministro Martín Guzmán, avanzar en un ajuste fiscal que deje las cuentas en un desequilibrio similar al del 2019, de alrededor de 0,8 por ciento del PIB y, básicamente resolver la negociación de la deuda con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional. El consumo sería el único agregado económico que tendría una recuperación este año, aunque de manera muy pausada y sin recuperar los volúmenes de períodos anteriores. Como paradoja queda lo ocurrido en la última semana del 2019 con una fuerte recuperación de la paridad de los bonos y baja del riesgo país. Los mercados, aún con mucha cautela, interpretaron que con la aprobación de la ley de emergencia, mejoraría la capacidad de pago de la Argentina para afrontar una renegociación de la deuda menos agresiva.

La expectativa oficial del ministro Guzmán es la de que se haya definido hacia abril la mayor parte del acuerdo con los acreedores, tanto con los privados como el FMI, pero antes el gobierno de Alberto F. prometió cumplir con el pago de todas las obligaciones de deuda en los primeros tres meses del año. El año se inició con varios vencimientos en letras y bonos en pesos por algo más de 10.000 millones de pesos sobre un total de 48.000 millones de obligaciones en moneda local no reperfiladas ni reestructuradas que se concentran en el mes de enero de 2020. El sendero hacia la sostenibilidad fiscal es aún una dimensión desconocida, si bien la administración de Fernández insinuó algo, básicamente con relación al cambio de fórmula para actualizar las jubilaciones, que otra vez persigue recaer el ajuste sobre los jubilados actuales, sin resolver el futuro y que casi el 50 por ciento del trabajo se realiza en negro y sin el ingreso de aportes. Aunque en forma simultánea aparecen otras iniciativas que van en la dirección contraria, como el congelamiento tarifario que elevaría los subsidios este año en unos 75.000 millones adicionales y otros programas solidarios.

La propuesta de renegociación de la deuda es otra incógnita ya que la idea que sea un arreglo amistoso no podría incluir suspensión de pago de intereses y capital por dos años como se difundió durante la campaña electoral.

La discusión con el Fondo Monetario es otro aspecto álgido y que con muchas dificultades podría resolverse en unos pocos meses. El organismo internacional, en caso de involucrarse con el programa que presente la Argentina, pretenderá auditar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo y seguramente, volverá sobre la necesidad de reformas estructurales y la reducción del gasto público. ¿Hasta donde avanzaría la gestión de Alberto F. en bajar el gasto público y que formula se adoptará con el sistema de jubilaciones? Son más interrogantes aún desconocidos y que determinarán lo que ocurra con la actividad económica este año.

En conclusión, por el momento no se advierten aspectos de un programa económico verdaderamente nuevos, que permitan imaginar un horizonte de recuperación o de baja significativa de la inflación, y de la pobreza y poner en funcionamiento las expectativas para invertir y desarrollar los sectores productivos. No se advierten una intención de resolver el tamaño ni la calidad del gasto público y mucho menos de bajar la presión tributaria, aspectos básicos de cualquier programa de crecimiento.