Sigue vigente el flagelo de las usurpaciones de tierras en La Plata

El flagelo de las usurpaciones de tierras en La Plata parece no tener fin. Si bien existieron en las últimas semanas algunos resonantes operativos de desalojo de intrusos, como el registrado en Guernica, a pocos kilómetros de nuestra región, lo cierto es que las tomas de tierras se siguen sucediendo en nuestro distrito.

Así, en la edición de ayer, se dio cuenta de la ocupación ilegítima de 7,5 hectáreas en Abasto, según lo denunció ante la Comisaría Séptima el propietario de los lotes. De modo que, una vez más, con el supuesto pretexto de resolver la necesidad de vivienda de mucha gente, se comete el delito de arrebatar la propiedad de una persona, violándose así garantías básicas que protege la Constitución nacional.

En este caso, el propietario detalló en la presentación ante la policía que esas hectáreas ubicadas en la ruta 36 entre 502 y 506, en proximidades de Estancia Chica, fueron adquiridas hace varias décadas y que las mantuvo cuidadas, con pago de impuestos al día hasta la actualidad. En total, son seis lotes de una hectárea, con unos 500 metros de frente sobre la ruta 36, que ahora están bajo amenaza de los intrusos.

A grandes rasgos, corresponde señalar que desde diciembre del año anterior se registraron en la jurisdicción platense 58 intentos de tomas de tierras, con 25 de ellas que permanecen activas. Asimismo, diez de esas intrusiones se registraron en los últimos 30 días. De todos modos, el fenómeno se había iniciado varios años antes.

Las cifras actuales hablan de un agravamiento del fenómeno y de una verdadera “estrategia” delictiva, impulsada, en el mayor número de casos, por organizaciones de extracción mafiosa, cuya exclusiva finalidad es lucrar con esas tierras arrebatadas, vendiendo las parcelas -que son fraccionadas en medidas reducidas y no admitidas por los códigos urbanísticos- a muy bajo precio, luego de concretada la intrusión. Cabría señalar que el alto número de parcelas hace que las ganancias sean enormes.

Como prueba de las erráticas decisiones policiales y judiciales que se sumaron en los últimos años, puede mencionarse el caso de la megatoma de Los Hornos, en donde aún hoy -luego de los múltiples procedimientos y acciones desplegadas por organismos del Estado- siguen afianzándose algunos despojos de terrenos privados o fiscales.

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Es evidente que el proceso de las usurpaciones de tierras sigue en plena vigencia, alentado no sólo por los grupos mafiosos que han visto en ellas una inesperada y generosa fuente de ingresos, sino por las marchas y contramarchas de distintos organismos del estado, que se muestran ineficaces para prevenir y resolver conflictos que, basados en la justa necesidad de vivienda de muchas personas, constituyen un creciente obstáculo para la convivencia social.

Se ha dicho en forma reiterada que el Estado se encuentra en grave deuda en materia de política habitacional, en una situación que se agrava con el paso de los años y el crecimiento de la población. Son planes crediticios razonables, seguidos de la promoción de obras correspondientes, las medidas que hacen falta. Pero esa omisión injustificable deuda no debiera verse “compensada” con la luz verde que parece habérsele dado a quienes han montado el negocio de la ocupación y venta ilegítima de tierras en nuestro país.