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Política y Economía |BENEFICIADO POR UN FALLO JUDICIAL
Lázaro Báez, excarcelado, cumplirá prisión domiciliaria en un country

Le fijaron una millonaria caución juratoria, que hasta anoche no había podido reunir su entorno, para salir de la cárcel de Ezeiza. En Pilar, donde el empresario K fijó residencia, no lo quieren como vecino y hubo protestas

Lázaro Báez, excarcelado, cumplirá prisión domiciliaria en un country

Protesta de vecinos del barrio privado de Pilar donde Lázaro Báez cumplirá arresto domiciliario / Twitter

9 de Julio de 2020 | 02:24
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El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso ayer la excarcelación del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa que se le sigue por lavado de dinero y, si bien abandonará el penal de Ezeiza tras el pago de una caución juratoria fijada en 632 millones de pesos, que hasta anoche se estaba reuniendo, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, en el marco de otro expediente, según surge del fallo.

Báez, preso desde hace más de cuatro años, investigado por enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y sospechado de ser testaferro del matrimonio Kirchner, fijó domicilio en el barrio privado Ayres de la localidad bonaerense de Pilar para cumplir con su detención domiciliaria. Anoche, frente a las puertas de ese barrio privado, se había congregado una importante cantidad de vecinos que se oponía al traslado a ese predio del todavía reo.

A Báez le impusieron una caución real de más de 632 millones de pesos

 

Los jueces del TOF 4 le impusieron una caución real de más de 632 millones de pesos que sus abogados calificaron como “exorbitante y de imposible cumplimiento”, por lo que reclamaron que se le fije otra acorde a la realidad material del imputado (que se encuentra embargado e inhibido) y se les permita contratar un seguro de caución.

SIN PASAPORTE

Los jueces dispusieron, además, que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.

En el mismo fallo los magistrados le impusieron la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.

Los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado hicieron saber que la excarcelación del imputado “no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario, ordenado en fecha 18 de marzo del año en curso, en la causa 3017/2013” denominada “Báez, Lázaro y otros s/ encubrimiento y otros”, por lo que deberá cumplir las pautas impuestas y seguirá en prisión preventiva, pero en un domicilio.

La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo anterior en el que se le había rechazado al empresario el beneficio de la excarcelación y el de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa, a pesar de las opiniones favorables del Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal”, que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez porque, caso contrario, al no haber oposición de la parte acusadora, debería hacerse lugar a la petición.

Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos, y tiene a cargo la preparación de otro juicio por otros hechos vinculados al mismo delito, rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

“El pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa”, advirtió Casación al anularlo.

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 cuando en un recordado operativo fue apresado en el aeropuerto de San Fernando, apenas al bajar de su jet privado en el que había viajado desde Río Gallegos .

Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo, ante la pandemia de coronavirus.

Además, agregó que el empresario pudo ver vulnerado su derecho a la defensa al ser posible víctima de hechos de espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal de Lomas de Zamora y que podrían significar “graves violaciones a los derechos humanos” del detenido.

Báez obtuvo la excarcelación en la causa conocida como “M&P”, otra empresa de la familia, que ya fue elevada a juicio oral. La maniobra investigada, según dice la Justicia, no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”.

Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral Construcciones, la empresa insignia del grupo familiar Báez.

Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

La investigación de M&P arrancó en julio de 2016 a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS). Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas, según determinaron el fiscal Guillermo Marijuana y el fiscal Sebastián Casanello. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero. En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma –también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)– hizo una transferencia de $2 millones a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.

En ese juicio, además de Báez, serán juzgados sus hijos Martín -que sigue detenido- y Luciana y otras 15 personas.

El empresario recibió la excarcelación en ese expediente pero una vez que logre reunir la fianza fijada por la Justicia, quedará detenido en una casa del country Ayres de Pilar, porque ya le habían otorgado la domiciliaria por la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”.

Mientras, aún espera la continuidad del juicio oral por las obras públicas que tiene en el banquillo también a Cristina Kirchner.

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