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Un barrio tradicional de nuestra ciudad, El Mondongo, habitado en sus orígenes por trabajadores del frigorífico y al que, con el correr de los años, se fueron sumando empleados, comerciantes y profesionales como nuevos pobladores, atraviesa desde hace demasiado tiempo la presencia de una continua e imparable ola delictiva. A tal punto que ya son tres las familias que decidieron abandonar y vender sus viviendas, por la circulación de la droga y de otros delitos, cuyas consecuencias las deben afrontar y pagar quienes allí viven.
Los vecinos de El Mondongo padecen las secuelas propias de la llamada “zona roja”, pero no es un secreto que la prostitución fue corrida de allí, para ser reemplazada por la oferta desembozada de droga en las calles, sucediéndose a partir de esa actividad un cúmulo de otras actividades ilícitas como robos, usurpaciones y vandalismo. Lo cierto es que el narcomenudeo plantó bandera e impera en esa zona, distante a unas pocas cuadras del centro de la Ciudad.
Según se detalló en el informe publicado ayer en este diario, en la red del narcomenudeo participan desde trans hasta taxistas, pero las víctimas son siempre las mismas: quienes todavía habitan el sector comprendido por las calles 1 a 122 y de 60 a 72.
Como se sabe, la publicación de un video filmado por la cámara de seguridad de una casa situada en 64 entre 1 y 2, en el cual se observa un movimiento conocido como “pasamanos” (que consiste en entregar un envoltorio con el producto a cambio de dinero), dejó al descubierto otro efecto negativo que el narcomenudeo irradia sobre el barrio. Ocurre que la familia que hasta hace algunos días vivía en ese inmueble, decidió mudarse por temor.
Esa misma cuadra, dijeron los vecinos, fue epicentro de amenazas, de represalias traducidas en actos de vandalismo contra algunos domicilios, con roturas de puertas, ventanas y de los autos de los frentistas, según dijeron dirigentes de la Asamblea Vecinal.
El informe detalló acerca del temor que tienen los vecinos y sobre los otros casos de mudanzas o traslados a los que se vieron obligados otros frentistas –a uno de ellos le quisieron prender fuego la casa, mientras pasaba por el lugar una movilización de travestis que pedían seguridad tras el apuñalamiento de una trans en 2 y 64- además de pintadas agresivas y otros incidentes violentos que padecieron los frentistas.
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Hace poco tiempo, una mujer que vivía en 2 y 71, que había nacido en ese barrio, debió mudarse a Tandil. “Alquiló la casa que había construido, después de que la amenazaron por dar una nota. La vieron por televisión y la fueron a buscar”, reseñaron los referentes.
Con la cuarentena no se vio afectado, según dijeron, el narcomenudeo que está operando en la zona roja. Los asambleístas sostuvieron que “se está poniendo cada vez más pesado, ahora van y escrachan a los vecinos”. Y temen porque “se está reactivando todo y asusta un poco, desde las 18 a las 8 las vemos todos los días”.
No obstante, aclaran que “la comisaría novena, la Departamental y la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad trabajan bien, pero a veces no alcanza, porque falta una mayor decisión política”.
En esta columna se dijo en varias ocasiones que el narcotráfico se ha instalado en La Plata y opera en distintas zonas. Episodios como los aquí mencionados -es decir, el hecho de que hay vecinos que se ven obligados a vender sus viviendas para evitar el acoso delictivo- parecieran marcar un límite preciso, para que las autoridades reacciones con la máxima eficacia y prontitud.
Todos los barrios merecen y tienen el derecho de vivir en paz, sin riesgo alguno, y es responsabilidad básica del Estado velar para que la seguridad no se vea sobrepasada por el delito.
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