En la mira de la política y la sociedad

La intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los jueces desplazados por el Senado, bajo el comando político de la vicepresidenta Cristina Kirchner, provoca todo tipo de especulaciones y tensiones entre el oficialismo y la oposición. También pone al máximo tribunal del país en la mira de un sector de la sociedad para el cual resulta clave que no haya “impunidad” en las causas en las que se investigan presuntos hechos de corrupción.

La politización de la Justicia argentina llega a tal extremo que ya se dan por descontadas dos posturas enfrentadas en la Corte: la del presidente Carlos Rosenkrantz y la de su antecesor Ricardo Lorenzetti. El primero pidió, para hoy, una reunión de “acuerdo extraordinario” para tratar los planteos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El segundo sufrió un “escrache” en la puerta de su casa en la ciudad de Rafaela, Santa Fe.

A Rosenkrantz lo designó Mauricio Macri en 2018; a Lorenzetti lo reivindicó Alberto Fernández, aunque el Presidente parece haber exagerado al emparentar la manifestación con el “fascismo y el nazismo”. No obstante, las protestas se mantendrán durante esta misma jornada frente al Palacio de Justicia, la sede de la Corte, donde al cierre de esta edición se realizaba una vigilia a la espera de la reunión, que se realizará desde las 11 a través de un “zoom”.

En este contexto, la definición sobre el “per saltum” que pidieron a la Corte los jueces desplazados quedaría en manos de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Los antecedentes indican que en los últimos fallos sobre casos importantes, este trío se inclinó por posturas cercanas a las de Lorenzetti y dejó en soledad a Rosenkrantz. Son varias las votaciones que terminaron en una amplia mayoría de 4 contra 1.

Pero en esta ocasión las aguas podrían estar más divididas. A tal punto, que la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal reclamó la designación de un tercer juez porque los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany no pudieron acordar sobre el futuro de sus colegas Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El hecho de que los jueces tengan que decidir sobre otros jueces no es un tema menor para los integrantes de la “familia judicial”.

La Corte tendrá que resolver sobre el pedido de “per saltum” y analizar, en caso de aceptarlo, si es constitucional la decisión del Senado de regresar a los jueces a sus destinos previos a los traslados dispuestos durante la presidencia de Macri, objetados por Cristina Kirchner porque los considera parte del entramado de lo que define como “lawfare” en su contra. Por eso mismo, la resolución tendrá lugar en medio de un clima político muy tenso.

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El pronunciamiento del máximo tribunal podría definir la relación con el Poder Ejecutivo, aunque a la Corte le espera todavía una ardua agenda promovida por el Gobierno, como la reforma judicial, la intención de cambiar el mando en la Procuración y la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Los jueces supremos basan sus decisiones en la letra constitucional, pero la política y también la sociedad, tendrán cosas para decir sobre sus resoluciones.