WASHINGTON

La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, dijo ayer que su país “debe responder” ante la destitución de magistrados en El Salvador y que la independencia del poder judicial es “crítica” para la salud de una democracia.

“El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte”, indicó Harris, antes de afirmar: EE UU “debe responder”.

El nuevo Congreso salvadoreño, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los cinco magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia acusándolos de decisiones “arbitrarias” y al fiscal general, Raúl Melara, por considerarlo cercano a la oposición.

Esta decisión generó una ola de críticas a nivel internacional y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su “seria preocupación” y señaló que el fiscal general es “un socio efectivo” de Washington en la lucha contra la corrupción y el crimen.

“Debemos responder en El Salvador”, señaló Harris en una ponencia virtual ante el foro Consejo de las Américas, sin dar más detalles, aunque se presume que podría aplicar algún tipo de sanción.

El lunes, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Bob Menéndez y su correligionario Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones en la Cámara Alta indicaron que la situación en El Salvador es “una emboscada autocrática profundamente preocupante” y que viola “la separación de poderes”.

Los senadores urgieron a sus homólogos del país centroamericano a que “revoquen de inmediato este abuso de poder antidemocrático” para evitar cualquier debilitamiento de “las relaciones bilaterales”.

Además instaron al gobierno de Joe Biden a que “se comprometa a coordinar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras internacionales para dejar en claro que el apoyo financiero de EE UU hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto por la democracia, la independencia judicial y el imperio de la ley”.

El Salvador negocia con el FMI el financiamiento de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90 por ciento del PBI.

Ayer, un grupo de tres senadores republicanos encabezados por Marco Rubio expresaron su “preocupación” por el proceso de destitución de los jueces en El Salvador. (AFP)