El Gobierno convocó a Rodríguez Larreta para discutir los fondos de coparticipación

En medio de la fuerte tensión política que existe entre ambas administraciones, el Gobierno nacional convocó ayer al jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta, para acordar los fondos que le tocarán a la administración porteña por el traspaso de la policía. Los titulares de Economía, Martín Guzmán, e Interior, Eduardo De Pedro, cursaron una nota al jefe de Gobierno para sostener la reunión hoy en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

Anoche, a través de un comunicado Rodríguez Larreta dijo que asistirá a un encuentro en la Rosada, pero remarcó que esta “instancia de diálogo no significa una renuncia a la demanda” ante la Corte que presentó el año pasado por el recorte de los fondos. De todos modos, pidió que la cita se reprograme para el martes 18 de mayo, por “cuestiones de agenda” y para informar al máximo tribunal sobre la reunión.

El llamado tiene relación con la polémica quita de fondos que dispuso la Nación en septiembre del año pasado, que se transformó en la primera crisis entre Alberto Fernández y Larreta.

La convocatoria llega además tras el planteo que realizó en abril la Corte Suprema, que estableció que ambas administraciones debían reunirse este mes en busca de acordar un criterio para el traspaso de la policía y sus fondos respectivos.

El año pasado, se aprobó una ley que establece un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía. Y se fijó un monto de $24.500 millones anuales, actualizable cada tres meses.

Según la nueva iniciativa, la cifra que percibirá la capital será actualizada de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

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Pero la ley determinó que ese monto tendrá que acordarse en el convenio que deben firmar Nación y CABA. De ahí el llamado oficial.

“Como se expresó en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, desde el Estado Nacional continuamos bregando por alcanzar puntos de acuerdo y reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo”, dijeron los ministros en la misiva dirigida a Larreta.

El 10 de diciembre pasado, en una sesión especial, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue rechazado por la oposición.

NEGOCIACIÓN

La nueva ley estipuló un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación que fue acordada en la Cámara de Diputados.

El proyecto había llegado al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.

Asimismo, dispuso que el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.

Además estableció que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016.

Entre otros puntos, dispuso que hasta la entrada en vigencia del acuerdo se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde.

La quita a capital federal se produjo en medio del reclamo salarial de la Policía bonaerense y los fondos fueron enviados a la administración de Axel Kicillof en busca de descomprimir ese conflicto. El alcalde porteño judicializó esa reducción de recursos, que luego la Nación le dio fuerza de ley en el Congreso.