El FMI pide tarifas más caras y menos gasto social

Una necesaria reducción del gasto social, apoyado en un mayor ajuste tarifario y el aumento de la recaudación vía presión impositiva. Esas son algunas de las “recomendaciones” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le señala al Gobierno para “hacer espacio” a la inversión en infraestructura y el gasto electoral que demandará el año próximo.

Los detalles se conocieron después de que el organismo multilateral de crédito aprobara la segunda revisión del acuerdo con el país por la deuda y antes de que el ministro de Economía, Sergio Massa, parta (lo hará mañana) rumbo a Washington para participar de las asambleas anuales del Fondo y el Banco Mundial, donde buscará lograr el respaldo de su plan económico.

Para eso, deberá mostrar su hoja de ruta para reducir el déficit primario desde 2,5% en 2022 a 1,9% del PBI en 2023, recortar el gasto en un 1,3% del PBI (alrededor de un billón de pesos) y, como parte de ese esquema, achicar un 0,5% los subsidios.

Massa prevé la quita de subsidios segmentada en tres etapas -cuyo inició se pospuso de septiembre para octubre- y sobre cuatro categorías (altos, medianos, bajos ingresos, y comercios).

Sin embargo, el FMI pide avanzar con otras modificaciones en materia energética que incluyan: una mejora de la base de datos con una reducción de la cantidad de usuarios no registrados; la vinculación de los precios con los costos, en lugar de los salarios; topes de consumo “menos generosos” para los sectores medios y nuevos topes para los ingresos bajos y una posible reducción del universo de beneficiarios de la tarifa social.

Además de las tarifas, el Fondo pone la mira en el gasto social. Los técnicos del organismo subrayan los esfuerzos por reducir la “indexación” de los programas (al evitar que sigan a la inflación), la inserción laboral de beneficiarios con incentivos fiscales a las empresas y la auditoría de los planes sociales.

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Por otra lado, proyectan una caída de la participación de las jubilaciones en el PBI en 2023 por el cambio de fórmula de la movilidad en 2020.

En medio de los cambios de gabinete que incluyen la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el organismo de crédito contempla una reducción de la asistencia social del 0,7% del PBI en 2023, del 0,2% en las jubilaciones y del 0,1% en las transferencias a las provincias. De cumplirse esta previsión, los programas sociales podrían sufrir una poda de 560.000 millones de pesos.

“Las políticas macroeconómicas estrictas no son solo necesarias para asegurar los objetivos del programa sino para moderar en forma gradual la demanda doméstica, atacar la alta inflación persistente y evitar un ajuste desordenado. La consolidación fiscal requerirá una mejor gestión del presupuesto, junto con una mejor focalización de subsidios (energía, transporte y agua) y la asistencia social, a la vez que se protegen inversiones clave en infraestructura”, advirtió el reporte del staff del Fondo Monetario Internacional.

Por último, respecto de los impuestos el FMI prevé la disminución de las exenciones fiscales (entre las que se incluye la eximición del pago de Ganancias del Poder Judicial) y espera una mejora de la recaudación de Bienes Personales por el revalúo inmobiliario comprometido y un plan para “segmentar” la base de contribuyentes en función del “riesgo”.