El acuerdo con el FMI volverá a fracasar porque insiste con el mismo error: el gradualismo

El instrumento de análisis más convencional de la economía es la función de producción. Esta es una ecuación que dice que el crecimiento del PBI per cápita se explica por tres componentes.

- El primero es el aumento del capital físico, esto es, caminos, puentes, vías, ríos navegables, aeropuertos, puertos, energía y fábricas.

- El segundo es el aumento de capital humano, que es, educación básica universal y formación para el trabajo de alta calidad.

- El tercero es la eficiencia en la gestión, esto es, instituciones políticas y económicas que incentiven la competencia, la innovación y premien la productividad, desactivando monopolios y regulaciones que generen conductas rentísticas.

La función de producción sirve incluso para empezar a entender la decadencia de la Argentina. En los primeros 50 años vida pacífica (1880 – 1930), tuvo un desarrollo esplendoroso que prometía transformar al país en una potencia mundial. Pero después de 1930 se hundió en un largo y tortuoso proceso de decadencia.

Entre 1880 – 1930, en Argentina crecieron mucho los dos primeros componentes de la función de producción: el capital físico con las inversiones extranjeras y el capital humano con los inmigrantes europeos que la “Generación del '80” supo atraer. Pero no había mucho del tercer componente: instituciones políticas y económicas que sustenten el desarrollo. De hecho, si bien los gobernantes se elegían por votación, éstas estaban lejos de ser libres y muy sospechadas de fraude.

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Cuando llega la crisis de 1930, se detiene el flujo de capital físico y humano, y se hace explícita la falta de instituciones para el crecimiento de la que se adoleció en el período 1880 - 1930.

A partir de 1930 comienzan los golpes de Estado, los conflictos políticos irreconciliables y las instituciones que instalaron la cultura del “rentismo regulatorio”, en lugar de la renta productiva, que se extiende hasta el presente. Derechos de exportación para capturar parte de la renta agraria que produce el campo. Cierre de la economía para generar renta empresaria en base a la protección y no a la competencia internacional. Monopolios sindicales para redistribuir parte de la renta empresaria generada con la protección. Bancos estatales para redistribuir las rentas financieras que se capturan de los ahorros de la gente con tasas de interés negativas.

En fin, una cantidad de instituciones que, en lugar de promover la inversión, la innovación y la producción, priorizan la redistribución –generalmente, regresiva– de “rentas regulatorias” entre intereses sectoriales.

En términos de la función de producción, para que Argentina revierta este secular proceso de decadencia y se encamine al crecimiento sostenido se necesita aumentar el capital físico, el capital humano y construir instituciones que premien el esfuerzo, la innovación y la productividad. Para esto último, hay que transformar todas las vetustas instituciones actuales que hay en la Argentina generadoras de “rentismo regulatorio”.

¿A qué viene esta referencia histórica?

A que Argentina tiene una deuda pública de US$ 363.000 millones (de los cuales la deuda con el FMI representa apenas el 12%) y un PIB de US$ 482.000 al tipo de cambio oficial o de US$ 270.000 al dólar paralelo. En el primer caso, la deuda representaría el 75% del PIB y en el segundo el 135% del PIB. Poniéndolo en términos medios, se puede decir que la deuda pública argentina representa el 100% del PIB. Esto significa que no hay forma de repagar esta deuda si no se crece sostenidamente por décadas.  

Aquí entra, entonces, la idea del gradualismo que estuvo presente en el acuerdo del FMI del 2018 con el anterior Gobierno y se perfila a estar presente en el nuevo acuerdo que se sellaría en el 2022 con el actual Gobierno. La idea es reducir a cero el déficit fiscal primario, sin ajuste.

Esto se operativiza de la siguiente forma: se hace el supuesto de que la economía crecerá; luego, los ingresos públicos también crecerán; entonces, lo único que hay que hacer para bajar el déficit fiscal es cuidar que el gasto público crezca (para evitar el ajuste) pero que lo haga por debajo de los ingresos públicos.

La idea es música para los oídos de los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y tanto para los que en el 2018 eran oficialismo y ahora son oposición, y viceversa. En ese sentido, no hay “grieta”. Tanto oficialismo u oposición, en el lugar que les toque estar, coinciden en un férreo acuerdo: si hay que bajar el déficit fiscal, que sea sin ajuste. A la tarea de reducción del déficit se la dejan al crecimiento económico.

Aquí vuelve la función de producción. El crecimiento económico no se produce sólo porque se haga el supuesto de que se crecerá, como lo hace la teoría del gradualismo. El crecimiento requiere aumentos sostenidos de capital físico, capital humano e instituciones pro-competitivas y promotoras de la productividad, erradicando el “rentismo regulatorio”. Esto requiere de lo que en la jerga de los economistas se denominan reformas estructurales.

No hay por qué poner reformas estructurales como condición en el acuerdo con el FMI. Por el contrario, no hay que poner estas reformas como condicionalidad. 

Lo que tampoco hay que hacer es creer que, porque no están en las condiciones con el FMI, entonces, no hace falta hacerlas. Si se cae en ese error, Argentina seguirá hundida en la decadencia y la mediocridad. Hacen falta buenas reformas estructurales para entablar un proceso sostenido de crecimiento económico superador incluso al de 1880 – 1930.