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El robo de medidores de gas, incluido en la más genérica e infatigable sustracción de todo tipo de metales en la vía pública, se ha convertido en un verdadero flagelo en distintos barrios de la Ciudad.
En algunos casos podría hablarse de algún tipo de vandalismo ocasional, pero en la mayoría corresponde aludir a una ola delictiva organizada, para obtener luego una posterior ganancia económica con la venta de esos objetos. Y esa organización supone, desde luego, la existencia de reducidores que son quienes integran el último eslabón de esta cadena delictiva, al encargarse de comprar y luego revender los objetos robados.
Ahora son los vecinos del Barrio Hipódromo los que vienen sufriendo este flagelo. El robo de metales, según dijeron, no se limita a los medidores de gas, sino que incluye a las tapas metálicas de los medidores, además de las cañerías de cobre interiores. Muchos de estos robos se vienen cometiendo en la diagonal 80, arteria vertebral de ese barrio.
Según señalaron, eso se tradujo en el robo completo del medido, con el peligro que ello supone y con los enormes perjuicios que suele ocasionar a los usuarios la reposición.
En muchos casos, la empresa exige la realización de actualizaciones de planos de las cañerías, en un trámite que puede demandar muchas gestiones administrativas y reformas edilicias, con el costo y el tiempo que puede significar. Desde luego que el “anzuelo” para los ladrones tiene que ver con la cotización de los metales en el mercado de reciclables.
Se habla de un negocio millonario relacionado a la venta ilegal del cobre, que se inicia con quienes roban las tapas o cañerías y que, con posterioridad, acuden a los reducidores, en una situación que las autoridades tardan en advertir o hacen la “vista gorda”. Tal como se indicó, los reducidores pasan el metal robado a talleres en donde los funden.
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El proceso delictivo no es novedoso, claro está. Ocurre con los autos robados, algunos de los cuales -sobre todo los usados- van a parar a desarmaderos que los desguazan para convertirlos en miles de repuestos.
Pasó lo mismo en su momento con los centenares de miles de pasacasetes, robados y vendidos luego en lugares muy conocidos por todos. Ocurre con muchos otros artículos robados, como las bicicletas, que no se desarman pero que pasan a integrar un mercado “floreciente” -se llega a venderlas por internet-, sin que los organismos del Estado atinen a cortar estas cadenas.
Podría aducirse, frente a la falta de resultados en el combate a estos robos -si es que hubiera algún tipo de combate-, que no resulta fácil encontrar in fraganti a quienes los cometen. Sólo terminan tras las rejas muy pocos de los autores materiales, si los atrapan en el momento exacto en que cometen el robo.
Está claro que esos ladrones son el último eslabón de una cadena delictiva que concluye necesariamente en un creciente y vigoroso mercado negro, en el que todos esos metales se comercializan a precios elevados.
Se sabe bien que el problema se extiende por otros puntos del distrito platense y afecta también a otras redes de servicios públicos, como las de electricidad, telefonía e Internet u obras sanitarias, que corren a través de cables aéreos o por vía subterránea. Y no debería entonces ser tan difícil detectar a los reducidores -esto es, aquellos que comercian con objetos robados- y desbaratar una modalidad delictiva que perjudica con frecuencia a tantos vecinos.
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