El plenario de comisiones legislativas de la Cámara de Diputados nacional inició el análisis y debate de los proyectos sobre boleta única de papel, para ser utilizada en elecciones presidenciales venideras en reemplazo de la polémica boleta sábana, acordándose entre los bloques los procedimientos previos a seguir antes de avanzar con el dictamen. De lo que se trata es de cambiar el sistema electoral a nivel nacional, con los objetivos de ganar en transparencia, confiabilidad y mayores grados de representatividad.

Otro factor positivo que se toma en cuenta es el mucho menor costo económico que originaría la boleta única.

Visto el problema desde una óptica más amplia, debe primero consignarse que desde 1983 nuestro país alcanzó una continuidad del proceso democrático ciertamente inusual, antes inexistente por la alternancia indefinida de gobiernos democráticos seguidos de turnos militares, en una situación que, como se dijo, aparece ahora superada. Ello no impide, por cierto, desconocer que el sistema democrático muestra serios defectos funcionales que deben corregirse.

Está claro que ha sido la ciudadanía la que no sólo mostró buena predisposición para tramitar esas instancias, sino, también, para comprometerse en el acompañamiento y fiscalización de la gestión de los distintos turnos de gobierno.

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que pese a esa actitud de los ciudadanos, el acto de elegir a las distintas autoridades debiera verse afianzado por trámites electorales más claros y simples.

Se conoce bien que el entusiasmo de muchos votantes suele debilitarse, cuando se ven obligados a superar trámites electorales complejos, condicionados por padrones deficientes y por los demás trastornos que plantea un sistema electoral anacrónico, anclado al método de las boletas sábana.

No es exagerado señalar que las boletas sábanas han terminado por hartar a la población, dadas las notorias dificultades que implica su utilización. Además de generar todo tipo de maniobras y confusiones antes del comicio y en los cuartos oscuros, las quejas se reflejan también, con mayor elocuencia, cuando comienza el escrutinio. Se sabe que en votaciones anteriores, cuando ya habían pasado casi muchas horas del cierre de las mesas de votación, aún no se conocían resultados oficiales, ni siquiera muy parciales.

En ediciones precedentes, este diario ofreció detalles sobre las características de la boleta única, que incluye a los candidatos de todos los partidos políticos, señalándose que es el sistema electoral más difundido a nivel mundial ya que lo utiliza el 95 por ciento de las democracias del mundo.

La provincia de Mendoza acaba de sancionar una ley para instituir ese mismo sistema en sus elecciones provinciales, imitando lo que ya sucede en otros distritos como Santa Fe y Córdoba.

Con ella, las boletas estarán disponibles exclusivamente en los lugares de votación y no podrán ser legalmente extraídas de allí.

Otra de las ventajas es que se asegurará a los votantes y a los candidatos que, a la hora de votar, todas las opciones electorales estarán presentes ya que no tendrá sentido, por estar todos los candidatos en la misma tira, la cuestionable práctica del robo de boletas como ocurre en cada contienda electoral.

Al iniciarse estos encuentros en el Congreso aseguran que “debe primar la búsqueda de consensos y el diálogo”.

El electorado argentino ha venido demostrando, cada vez más, un mayor deseo de interesarse en la cosa pública, de conocer mejor a los representantes que elige y de controlarlos a lo largo de su gestión.

Se trata entonces de concretar en la materia electoral avances de índole republicana, que debieran extenderse al desdoblamiento de las elecciones municipales, separándolas de las nacionales y provinciales, habilitándose así la puesta en vigencia de mecanismos que permitirían enriquecer el enfoque y debate sobre las cuestiones locales, así como otorgarle mayores grados de compromiso a la participación ciudadana

Estas materias pendientes, sobre las que debiera sumarse en el futuro el voto electrónico, obligan a las instituciones y a los partidos políticos a modernizar un trámite desactualizado, que no se encuentra a la altura de los reclamos de una población que aspira a consolidar un modo de vida basado en el respeto a la ley y a las opiniones del otro.