El Gobierno acelera contra la Corte con un paquete de leyes

El Gobierno nacional decidió apretar el acelerador en su embestida contra la Corte Suprema, con el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir el juicio político contra los miembros del alto tribunal.

De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.

Pero la arremetida oficial contra la Justicia no se agotará en ese tema, porque se incluyó en el temario de asuntos a tratar la ampliación del número de integrantes de la Corte y una serie de cambios a la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

La encargada de formular el anuncio fue la portavoz Gabriela Cerrutti quien indicó que el período de sesiones extraordinarias regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos.

Rafecas ¿por la revancha?

En su habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece en la Casa de Gobierno, Cerruti anunció que se remitirán al Parlamento proyectos para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, además del tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General.

El candidato propuesto es Daniel Rafecas, que nunca logró pasar el filtro del Senado controlado por una mayoría kirchnerista.

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Cerruti afirmó que “es necesaria una reforma judicial” porque “la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho”.

El llamado a extraordinarias se produce en medio de la embestida oficial contra la Corte, luego de que el tribunal dictara una medida cautelar para que la Nación restituyera parte de los recursos que el gobierno de Alberto Fernández le restó a capital federal.

Uno de los temas que incluirá el Ejecutivo es la modificación del Presupuesto 2023, que podría tener relación con la forma de cumplir con ese cuestionado fallo de la Corte por parte del Gobierno.

La decisión oficial de avanzar contra la Corte generó un tembladeral político.

La oposición ya anticipó que no dará quórum en el Congreso hasta que ese tema sea sacado de la agenda. Acaso para salir a cruzar esa decisión, el Ejecutivo incluyó 27 temas en extraordinarias, entre otros, el proyecto de blanqueo de capital que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese marco, Cerrutti pidió a la oposición que “entienda que debe sentarse a debatir” y “no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”.

“Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación”, insistió la portavoz presidencial.

En esa línea, sostuvo que: “Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para los argentinos”, que “tienen que ver con el desarrollo productivo, temas judiciales, temas que la misma Corte (Suprema) ha pedido que se lleve adelante”.

Argumentos contra los supremos

El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como “un hecho insólito” por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal “violó la división poderes” al tratarse de un tema “que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias”, según evaluó la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.

“Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”, indicó el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.

Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

El Presidente contó con el apoyo de 1 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Pero otros gobernadores peronistas le dieron la espalda al Ejecutivo nacional. Entre ellos, Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan), además de los mandatarios de Juntos por el Cambio.