Habría 5.000 afectados por la millonaria estafa en Ensenada

Con el correr de las horas, mientras sigue el revuelo por la mega estafa registrada en la ciudad de Ensenada, que generó una manifestación popular y algunas reacciones de inusitada violencia, la causa judicial comenzó a dar sus primeros pasos, aunque por el momento no se vislumbra ningún requerimiento en contra de Antonella Belén Rocha Fernández, la joven de 22 años sospechada de ser la responsable de esa maniobra defraudatoria, la cual, de acuerdo a las primeras estimaciones, habría dejado un tendal cercano a los 5.000 damnificados.

En ese sentido, la Justicia deberá ser la encargada ahora de motorizar la investigación e individualizar a la mayor cantidad de víctimas posibles.

El problema es que, para muchos, según voceros cercanos a la pesquisa, no hay forma de demostrar el engaño, ya que “entregaron dinero en efectivo y no recibieron ningún comprobante a cambio”.

“Todo era de palabra y con anotaciones muy rudimentarias. A mano alzada en un cuadernito o hasta en hojas sueltas”, agregaron las mismas fuentes.

Distinta es la situación de quienes transfirieron los fondos, ya que en esas operaciones sí quedó registro del movimiento dinerario. De la cuenta saliente y del receptor.

De hecho, la primera denuncia, con fecha 28 de octubre, se pudo fundamentar con prueba documental. La misma refirió a un envío digital a una cuenta del Banco Nación por la suma de 30.000 pesos.

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Según la información que recabó este diario, quien hizo ese giro económico era una joven que aseguró conocer a Rocha “de toda la vida”.

Al día siguiente, otra mujer denunció haber invertido 250.000 pesos, pero que enseguida perdió contacto con la acusada.

Por todo esto y, en base a la fecha de la primera disposición económica, es que el fiscal Martín Almirón, que tomó intervención en las actuaciones, pidió declinar competencia en favor del Juzgado de Garantías Nº 4, “en respeto a la garantía constitucional del juez natural”, destacó.

De ser esto confirmado, el expediente podría pasar al ámbito de la UFI Nº 17 de La Plata.

Para esto, en compañía de sus padres, Rocha Fernández ayer pasó por el edificio de las fiscalías platenses, aunque no por ninguna citación.

Cabe recordar que ella cuenta con la asistencia de una defensoría oficial y además denunció haber sido amenazada.

“Tal vez haya tenido alguna entrevista con algún funcionario del área de defensa o pasó por la Oficina de Asistencia a la Víctima”, indicó un hombre que se mueve por los pasillos de esa sede penal.

En paralelo, está la pesquisa por los incidentes en la casa de la madre de Rocha Fernández, que quedó destruida por el accionar de los vecinos.

Ese sumario está radicado en la UFI Nº 16 -de Juan Cruz Condomí Alcorta-, que tiene a unas 15 personas individualizadas en el marco de los incidentes y el robo de varias pertenencias de la familia de la joven de 22 años.

Se habla de que la estafa sería por cifras millonarias, ya que hubo vecinos que aportaron hasta 300 mil pesos.

Como se sabe, Rocha Fernández prometía reembolsar el doble de la inversión, en un plazo de una semana.

El problema se suscitó cuando la cadena de pago se cortó, las fechas de cancelación se empezaron a estirar y después, directamente, se dejó de cumplir con las obligaciones asumidas.