Ya no quedarán exfuncionarios K en prisión: liberan a Ricardo Jaime

El Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que tiene a su cargo la realización del juicio de la causa de los “Cuadernos” de los supuestos sobornos en la obra pública, ordenó ayer liberar al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, por su “delicado cuadro de salud”, informaron fuentes judiciales.

En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”, el próximo sábado, detallaron las fuentes. Hasta ahora era el único exfunciorio kirchnerista en una cárcel. Los otros fueron absueltos, están en arresto domiciliario o fueron condenados y excarcelados porque esas sentencias no están firmes. Todos desde que comenzó el mandato del presidente Alberto Fernández.

No obstante, “se dispondrá la inmediata libertad del nombrado desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad”.

La libertad de Jaime, entonces, quedó sujeta a esa verificación y desde su entorno sostienen que a pesar de las condenas en su contra y de las prisiones preventivas de debió cursar, el exsecretario de Transporte (2003-2009) ahora está en condiciones de salir del penal de Ezeiza con las condiciones de sujeción fijadas por el TOF 7.

En la resolución, los jueces establecieron que cuando Jaime recupere su libertad debe “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación” y tiene la “obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 kilómetros”.

También le prohibieron la salida del país sin autorización previa y le impusieron “la entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa - en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre”.

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Como última medida ordenaron “la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS - Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica-”.

EN DISIDENCIA

La decisión del tribunal fue alcanzada por mayoría, con la disidencia parcial de uno de los jueces: los magistrados Enrique Méndez Signori y Germán Castelli votaron por dictar el cese de la prisión preventiva y disponer la libertad del imputado con ciertas medidas de sujeción, mientras que el juez Fernando Canero opinó que debía ser enviado a continuar con el encierro en su domicilio.

“Corroborándose las circunstancias expuestas, la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”, sostuvo el juez Méndez Signori.

“Consecuentemente, y valorando también las propuestas efectuadas por el Ministerio Público Fiscal, sostengo nuevamente que corresponde ordenar el cese de la prisión preventiva del reprochado”, continuó el magistrado.

A ese voto se sumó el de Castelli, que sostuvo “que el tiempo transcurrido cautelarmente privado de su libertad, su condición actual de salud y el estado del proceso en la actualidad, demandan rever el criterio adoptado por el Tribunal y disponer, en consecuencia, el cese de la prisión preventiva de Ricardo Raúl Jaime”.

En lo referido a las cuestiones de salud, el tribunal recibió el 13 de marzo un informe del Servicio Penitenciario Federal donde se detalla que Jaime “presenta hipertensión arterial esencial, es extabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva”.

Detenido desde 2016, Jaime fue condenado por la llamada “Tragedia de Once”, pero ese fallo aún no adquirió firmeza: el año pasado, la Cámara Federal de Casación le redujo la pena de 7 a 6 años de prisión. Y otros años por compra de trenes chatarra en Europa.