De espaldas a un Congreso que le aprobó “casi” todo

Con menos de un tercio de diputados y senadores oficialistas, y tras haber asumido el 10 de diciembre con un discurso que pronunció de espaldas al Congreso, el presidente, Javier Milei, llega al primer año de su mandato con una agenda parlamentaria virtualmente controlada. Con algunos sobresaltos, pero habiendo logrando triunfos considerables y pocas derrotas aunque algunas ruidosas.

Con la cancha claramente “inclinada”, el oficialismo siempre supo que, más allá de que en el ideario libertario el Poder Legislativo representaba “la casta” , sin él no podría enfrentar la catarata de reformas que aspiraba a concretar en sus primeros meses gestión.

La madre de esas batallas tuvo que darla a pocos días de asumir, tras el dictado del decreto 70/23 y el envió al Congreso del proyecto de Ley Bases. Su versión original contaba con más de 600 artículos que tocaban casi todas las áreas del Estado nacional.

En Balcarce 50, envalentonados por la victoria en el balotaje del 19 de noviembre de 2023 y la gran legitimidad de origen que había cosechado Milei, aspiraban a que el Poder Legislativo le diera un tratamiento exprés. Pero nada de eso sucedió. Las negociaciones fueron frágiles y culminaron con el fracaso de principios de febrero, cuando el oficialismo se vio obligado a retirar el proyecto y hacer un nuevo intento en marzo.

La versión posterior fue más acotada y más -y mejor- discutida. Consiguió el consenso necesario y logró pasar saltear la Cámara de Diputados con ayuda transversal de los bloques, con excepción del kirchnerismo duro y la Izquierda. Hasta peronistas federales lo apoyaron. Ese nuevo proyecto estaba dividido en dos partes: por un lado, la Ley Bases y Puntos de Partida y, por otro, el Paquete de Medidas Paliativas y Relevantes.

Ambas iniciativas, que tenían casi la mitad de los artículos de la ley original, no fueron menos polémicas en su tratamiento ni menos ambiciosa.

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Por lo que también se demoró su discusión en el Senado y tuvo que ser modificada. En total, fueron casi siete meses de debate hasta que finalmente fueron aprobadas

Entre los puntos más importantes que logró el oficialismo se cuentan las facultades delegadas; el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI); privatizaciones; reforma laboral; blanqueo de capitales e impuesto a las Ganancias.

Otra victoria que sin dudas afecta a la praxis política es la Boleta Única de Papel. Por otro lado, el Gobierno anota como victorias los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la reforma jubilatoria.

Resistencia con sabor a victoria debe sentir también el oficialismo con los decretos de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el 846/24. El primero, lo dictó antes de enviar la Ley Bases original al Congreso y se proponía desregular la economía.

El segundo, más de nicho, fue dictado para modificar la ley de Administración Financiera para que le ministro de Economía, Luis Caputo, pueda evitar pasar por el Congreso de la Nación y que éste le autorice el canje de la deuda externa.

El 70/23 fue rechazado por el Senado en marzo pasado, pero logró que quedara cajoneado en la Cámara de Diputados. Mientras que los detractores del 846 ni siquiera obtuvieron el quorum para poder voltearlo.

Por otro lado, el oficialismo logró sostener los vetos a la ley de financiamiento universitario, que actualizaba los presupuestos y sueldos, y a la ley que incrementaba las jubilaciones y modificaba su fórmula. En ambas, tuvo apoyo del PRO y de un grupo de radicales.

La única derrota que tuvo el oficialismo de gran magnitud fue cuando su aliado principal, el PRO que lidera Mauricio Macri, le volteó el DNU que le otorgaba fondos multimillonarios a la SIDE. Lo propio hizo el Senado. Esa fue una de las peores semanas del Gobierno en el Congreso.

En cuanto a lo que resta del año, a mediados de esta semana el Gobierno anunció el llamado a extraordinarias. El temario incluye seis puntos: reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley anti mafia; viajes del presidente; fueros de la política.

La Casa Rosada no incluyó el presupuesto 2025, que había sido presentado con bombos y platillos por el presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre. De esta manera, se encamina a prorrogar por segunda vez -y primera en la historia- el presupuesto 2023.

La discusión por la previsión de los gastos del Poder Ejecutivo tuvo en vilo al Congreso de la Nación durante el último trimestre de este año. Es el único tema con que el oficialismo puede seducir a la oposición para hacer funcionar el Poder Legislativo fuera del período ordinario.

Por lo tanto, fuera el Presupuesto 2025 del temario oficial, la mayoría de estas iniciativas planteadas por el gobierno de Milei podrían patearse para el 2025 a las que se le plegarían algunas más.

En el horizonte aparece la privatización de Aerolíneas Argentinas, luego de semanas de conflicto con los gremialistas que operan en el aerolínea de bandera. Probablemente, no sea durante el período extraordinario, sino más bien ya en marzo.

La Ley Hojarasca es otra aspiración oficial. La envió en octubre y busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

Además, se podría abrir otro round con respecto a la ley de Ficha Limpia, que alborotó la convivencia legislativa entre el PRO y La Libertad Avanza en los últimos días.

Al respecto, Milei especificó que le encargó un nuevo proyecto al abogado constitucionalista Alejandro Fargosi y así se lo hizo saber a la diputada del PRO Silvia Lospennato.