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El juez federal Sebastián Casanello rechazó ayer un planteo del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, para que se aparte de la causa en la que se cuestiona la legalidad del protocolo anti piquetes implementado por el Gobierno Nacional.
El subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio y la directora de Asuntos Judiciales de la cartera de Seguridad habían pedido que Casanello se aparte y traslade el expediente al fuero penal ordinario. El juez rechazó la petición y fijó una nueva audiencia para el próximo miércoles a las 11 en los tribunales de Comodoro Py.
Luego de realizada esa segunda audiencia es que el juez definirá sobre la legalidad del protocolo anti piquetes, del cual Celeste Fierro, legisladora del MST, cuestionó que coarta la libertad de expresión y manifestación. La denunciante y la fiscal federal Paloma Ochoa ratificaron que quien debe intervenir es Casanello.
Casanello ratificó que para él el caso debe tramitarse como hábeas corpus porque más allá que no hay detenidos ni alguna situación parecida, el mismo tiene carácter preventivo y por eso su decisión.
“Si bien la autoridad de donde emana el acto administrativo denunciado entiende que no están dados los requisitos de procedencia de un hábeas corpus, particularmente porque no hay una persona detenida, debe aclararse que la acción puede ser reparadora, si se refiere a una lesión ya consumada, pero también se admite su modalidad preventiva, si pretende impedir una lesión a producirse, como es el caso de la pretensión de las accionantes”, dijo el juez en su fallo.
La decisión de Casanello fue tomada a pocas horas de que sus superiores de la Cámara Federal lo desautorizaran, pues declaró nula una instrucción que el juez le había dado en el marco del caso al Ministerio de Seguridad para que adecue el accionar de las fuerzas de seguridad a los estándares constitucionales.
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El fallo cuestionaba que Casanello haya tramitado el reclamo de inconstitucionalidad del protocolo, presentado por Fierro.
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