La Provincia debe actuar ante la relación del delito y los menores de edad

Con la supuesta finalidad de evitar lo que se llamó “prisionización” se desmanteló hace unas dos décadas en la Provincia buena parte de la estructura de contención de los menores de edad que cometían delitos y que se encontraban alojados en institutos de alta seguridad.

Por otra parte, también los delincuentes adultos decidieron aprovechar el principio de la inimputabilidad penal de los menores y por consiguiente los incorporaron a las bandas autoras de delitos pesados, algo que derivó en un enorme crecimiento de la presencia juvenil en la actividad delictiva.

De modo que el universo de la minoridad ingresó en una suerte de invisibilización -los especialistas también la llamaron “desjudicialización”- que se tradujo en el fenómeno de la puerta giratoria, con menores que delinquen, son detenidos y de inmediato quedan en libertad. Al mismo tiempo, también sufrió desmedro el sistema de tutelaje asistencial de los menores.

Para ejemplificar, basta recordar que hasta hace algo más de dos décadas se sucedían las resoluciones de la Suprema Corte bonaerense exhortando a los organismos del Ejecutivo con incumbencia en el tema a que se controlara el funcionamiento de muchos institutos de seguridad, por las deficiencias que exhibían. En esa época no faltaron especialistas en el tema, que hacían públicas las irregularidades y reclamos por las graves deficiencias del sistema en la Provincia. Todo eso también perdió vigencia y se diluyó.

En ese contexto acaba de conocerse una gravísima denuncia relacionada al Instituto Almafuerte de nuestra ciudad, que aloja a unos 35 menores de entre 16 y 21 años de edad, que sería epicentro de situaciones muy graves tales como la venta de droga, el corretaje de pastillas y medicamentos, la planificación de fugas, el robo de mercadería, la deficiente provisión de alimentos y hasta un manejo irregular de horas extras, entre otros delitos y anormalidades.

Tal panorama fue formulado en una presentación interna que habrían realizado algunos de los empleados y, ante la magnitud de las pruebas aportadas, no se descarta que pudieran iniciarse de oficio las correspondientes actuaciones judiciales y administrativas.

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El asunto quedó al descubierto por una cobertura que se hizo desde un programa televisivo, en donde se habló de la existencia de videos y mensajes, que habrían salido de los celulares de los propios internos.

Se hablaría en estos casos de adolescentes con homicidios sobre sus espaldas, robos a mano armada y otros episodios violentos, por lo general, atravesados por las adicciones y desesperados por el consumo. Las sospechas apuntarían a un celador o asistente, que sería el que aparece en las grabaciones intercambiando mensajes con los detenidos. EL DIA reflejó los diálogos mantenidos.

Los denunciantes, en la nota que enviaron a las autoridades, habrían asegurado que “hace poco hubo un caso de un integrante del staff educativo que se descubrió que ingresaba drogas al instituto y los pibes le pagaban con Cuenta DNI o Mercado Pago”.

Se habla de un supuesto “cuadro devastador” en el instituto que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. En los últimos cinco meses se habrían registrado en nuestra ciudad 25 fugas de menores. A ello se suma también el reclamo formulado en la denuncia, en la que se habló de una supuesta mala alimentación que deben consumir tanto los internos como el personal.

Sea como sea, nuestra sociedad no puede cerrar los ojos ante la realidad y el desafío que plantean estos jóvenes, muchos de ellos casi niños que usan armas peligrosas, asaltan, hieren y llegan a matar. Y que, en oportunidades, son capturados y minutos después se encuentran en la calle, sometidos al abandono absoluto, al dominio de la droga y al nocivo estímulo de volver a delinquir.

La situación planteada no admite que se persista en la indiferencia, negándose una realidad que -más allá del caso aquí mencionado- transgrede precisas cláusulas constitucionales y legales. En el episodio del Almafuerte se impone una investigación judicial y administrativa a fondo y si se comprobara la veracidad de la denuncia, evitar que se prolonguen estos delitos e irregularidades. Sin perjuicio de que el Estado analice la creciente relación existente entre los menores y el delito, para extraer conclusiones que sirvan para salir de este oscuro laberinto.