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Corre una época en algunos países en la que todo quien no apoya en forma incondicional las propuestas de los gobernantes es considerado un enemigo o un corrupto, tal como se señaló en un artículo publicado anteayer en la portada de este diario. Se trata de una característica propia del populismo dominante en esos países, cuyos presidentes lapidan con distintos motes despectivos a los ciudadanos que tienen opiniones propias respecto a distintos temas.
Y en el caso de la Argentina es ahora el presidente Milei el que se ha venido dedicando a estampar, la etiqueta de “casta” a todo político, empresario o ciudadano que piense diferente a él. El término “casta” tiene, obviamente, connotaciones negativas en un sistema democrático.
Se podría admitir que tales ataques dialécticos, como los que impulsa contra otros líderes políticos, empresarios y periodistas se presenten en tiempos de campañas electorales. Pero una vez que un político fue elegido y alcanzó la primera magistratura del país, su nueva condición lo obliga a respetar valores que son esenciales para la vigencia de la democracia.
Los agravios a periodistas por las informaciones que puedan emitir siempre son actos contrarios a la Constitución y leyes vigentes, así como también a valores y principios democrático, que tanto costaron recuperar a nuestro país en 1983, cuando a partir de un acuerdo alcanzado y un esfuerzo sostenido por toda la población se restableció la democracia que nos rige.
Bien se dijo que el populismo en el mundo. a través de sus líderes como sucedió cuando triunfaron en Estados Unidos, Brasil y Hungría, precedidos por la dictadura chavista en Venezuela y con crecimientos actuales de esa tendencia en Francia, Italia y Suecia, entre otros países, terminan por conspirar contra valores esenciales de la democracia.
Pero debe señalarse que el caso de Milei –que no es el único líder con matices populistas que irrumpió triunfalmente en la Argentina- exhibe el rasgo original de que lo hizo sin ninguna estructura política , de modo que carece de condicionamientos internos. Se montó sobre el fracaso de administraciones anteriores y se dedicó a culpar primero en forma exclusiva a los políticos, aunque luego fue incluyendo en la “casta” a empresarios, periodistas, a dirigentes gremiales y hasta a intelectuales.
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La historia está llena de enseñanzas, acerca de esta modalidad contraria a la libertad de expresión, pero un triunfo electoral por avasallante que sea no autoriza a ignorar a la oposición y a toda postura independiente. El Poder Judicial debe actuar sin intromisiones de otros poderes y resulta esencial mantener en el país la libertad de expresión.
Las recientes y furibundas agresiones verbales a políticos y periodistas que han expresado dudas o críticas sobre algunas medidas, con columnistas y reporteros que fueron ahora agraviados por el presidente Milei, como antes hicieron los presidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no sólo resultan injustificables, sino que lo significativo es que se repitan algunos nombres entre los agredidos cuando denunciaron actos de corrupción y autoritarismo.
Otro episodio lamentable ocurrido durante la semana que pasó, incluyó el intento de censura a la reconocida periodista de La Nación, Laura Serra. Fue durante un análisis que estaba realizando la periodista parlamentaria en el canal de Televisión de la Cámara de Diputados.
Serra detalló la polémica producida en el seno del oficialismo, cuando la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, eligió como titular de la misma a la diputada libertaria Marcela Pagano. Eso ocurrió el día miércoles y culminó con el veto del presidente del cuerpo Martín Menem al nombramiento de Pagano. Además, con el visto bueno de Karina Milei, removió de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza al diputado Oscar Zago, que había apoyado el nombramiento de Pagano.
Serra estaba relatando este episodio cuando por el auricular, el director de piso del canal público le pidió que no hablara de ese tema. Lo detalló así: “Ah bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. Pero bueno, vamos a terminar de hablarlo, porque en definitiva lo que ha sucedido es que Zago indudablemente llevó ese mandato a la Comisión (el nombramiento de Pagano) y esto provocó su desplazamiento”.
Es otro grave episodio contra la libertad de expresión, sobre todo porque el hecho de censura ocurrió en un canal del Estado, es decir, de todos.
Y finalmente corresponde reiterarlo: no es un enemigo el que en un sistema democrático piensa diferente.
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