La Fiscalía pidió una condena de 12 años de cárcel para la expresidenta

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar presentó ayer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que condene a la expresidenta, Cristina Kirchner, a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. Antes, la defensa de la exmandataria había reclamado su absolución en el caso.

Villar insistió así con la postura ya expuesta en el juicio oral, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exigieron que Cristina recibiera una pena de una docena de años de cárcel por asociación ilícita y administración fraudulenta. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

Entonces, la Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación ratificó el fallo. El fiscal debió recurrir a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que ahora acudió directamente al máximo tribunal con un recurso de queja.

“La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de causales de arbitrariedad”, cuestionó el fiscal y recordó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizados por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal”.

Por su parte, el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta reclamó revisar el veredicto, que se la absuelva y que, además, no intervenga en el caso el juez de la Corte Manuel García-Mansilla, a quien recusó por haber sido designado por decreto por el presidente, Javier Milei.

“En tal contexto, la integración de este Alto Tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio Presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, sostuvo la recusación patrocinada por el abogado Carlos Beraldi.

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