Ideas de desregulación agitan al mercado y calientan la polémica

El mercado inmobiliario podría entrar en un proceso de profunda transformación si es que prospera alguno de los proyectos de desregulación con los que se insiste en el último año. La bandera de la libertad contractual y la reducción de la intervención estatal son los pilares de estas iniciativas, que ya muestran sus primeros efectos y generan polémica entre propietarios, inquilinos y los propios operadores del sector.

El diputado nacional del Pro Alejandro Bongiovanni presentó hace pocos días un proyecto de ley al que llamó “Ley de libertad inmobiliaria”, que propone eliminar la obligación de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

La idea va en línea con las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. Habilitaría a operar sin requisitos formales, restricciones de jurisdicción y con libertad para fijar honorarios.

Como ya aparecía en otro boceto que se atribuyó al Gobierno, busca suprimir la obligación de inscripción en registros o cámaras profesionales.

Según Bongiovanni, la intención es devolver la actividad inmobiliaria al ámbito comercial, quitándola del rubro de las profesiones reguladas.

En una intervención asimilable al proyecto de la diputada Marcela Pagano, que llegó al Congreso con la lista del Gobierno, Bongiovani, también cuestionó a los colegios profesionales. “Los colegios profesionales, en general, no me gustan demasiado. Con el inmobiliario tengo un problema, ya que la actividad inmobiliaria, desde mi concepción, es una actividad comercial más”, afirmó ante la prensa.

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La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) se paró enfrente del proyecto. Señaló que en la experiencia internacional, donde se intentó eliminar controles, los resultados fueron negativos.

Nancy Vieitez, presidenta de la Cámara argumentó que la falta de regulación podría generar competencia desleal y aumentar los fraudes, entre otros perjuicios al mercado.

La entidad, presentó una alternativa que incluye la creación de un Registro Nacional de libre jurisdicción, la implementación de un sistema MLS (sistema de colaboración entre agencias) nacional que garantice transparencia y colaboración. A la vez, se consagra la figura del “agente inmobiliario auxiliar”, con facultad para trabajar bajo supervisión y la posibilidad de que esos agentes actúen como monotributistas para evitar la informalidad.

También circuló en ámbitos oficiales la idea de eliminar el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) para propiedades adquiridas antes de 2017; la supresión o reducción significativa de otros impuestos distorsivos como los sellos; la implementación de incentivos para el “blanqueo” de capitales con destino a propiedades; la simplificación drástica de regulaciones y trámites burocráticos para los desarrollos inmobiliarios; el otorgamiento de estabilidad fiscal a las grandes inversiones inmobiliarias; la promoción de los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliaria (FCI Inmobiliarios); y el apoyo a la construcción de viviendas sociales con capital privado.

Los proyectos se vinculan a una línea de pensamiento que ya tuvo una expresión con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, promulgado en diciembre del año pasado. Ese DNU derogó la Ley de Alquileres, otorgando total libertad a las partes para pactar plazos, moneda y mecanismos de actualización en los contratos de locación.

Más acá, en febrero, trascendió una iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -indicaban las versiones en torno al tema- que apuntaba directo a la colegiación de los martilleros como condición de trabajo.

En términos prácticos, la calle tiene hoy a empresas y agentes no matriculados ejerciendo la labor mientras se desarrolla una extensa batalla judicial.

En caso de consagrarse el esquema, entienden en las inmobiliarias, los arrasaría, porque habría que buscarle un nuevo sentido a la matriculación y el pago anual a los colegios. Con esto último también empezarían a crujir las cajas previsionales que pagan las jubilaciones del sector.