El reclamo por una ley que impida abusos con la mala praxis médica

Una entidad profesional emitió un comunicado en las últimas jornadas en el que plantea el riesgo en que se encuentran el sistema de guardias e internaciones clínicas en nuestro país, que cubre al 65 por ciento de la población, a raíz del crecido volumen patrimonial de las demandas por mala praxis médica que se presentan ante tribunales judiciales.

Tal advertencia fue formulada por a Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), cuya declaración fue detallada por este diario en ediciones anteriores.

“Juicios millonarios en dólares, miedo a sentencias judiciales sin correcta argumentación y la preocupación de los médicos ponen en riesgo hoy al sistema de salud nacional”, advirtieron desde esa entidad.

“El sistema de salud argentino –público y privado– se encuentra en una situación crítica, no solo por razones presupuestarias o de gestión, sino por un fenómeno mucho más profundo y corrosivo: la judicialización descontrolada”, señalaron.

La mencionada cámara consideró que la proliferación de litigios laborales y denuncias por mala praxis, “incentivada por interpretaciones judiciales arbitrarias, está generando una crisis de sostenibilidad que amenaza con desmantelar la estructura sanitaria del país”.

Asimismo, agregó que frente a esta realidad “resulta urgente y prioritario que el Congreso de la Nación sancione una ley específica que ponga límites técnicos y proporcionales al accionar judicial en materia de salud, garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y pacientes, pero sin comprometer la continuidad del sistema”, indicaron en un comunicado.

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Desde la CAPRESS sugirieron la urgente redacción y aprobación de una ley nacional que aborde integralmente el problema y destacan que debería basarse en la creación de una comisión técnica especial de evaluación de responsabilidad profesional médica.

No se trata de negar existencia en algunos casos a la mala praxis médica, pero una nueva norma sancionada que emplee entre sus cláusulas precisas evaluaciones de la conducta profesional relacionada con los estándares de cuidado técnico y de las normas éticas de la profesión médica podría salvar muchas derivaciones litigiosas.

Muchos observadores señalan que no es un secreto, sobre todo en los últimos tiempos, que se pudiera haber montado una suerte de “industria” marginal, con los juicios patrimoniales por mala praxis.

La eventual negligencia del profesional y el presunto daño al paciente debieren quedar cabalmente tipificados, así como la relación entre esa supuesta negligencia y el daño causado.

No parece, entonces, desacertado el reclamo de que el Congreso, asesorado por especialistas en el tema, analice alternativas que contemplen en forma integral la magnitud del problema y promueva una norma equilibrada, que aporte soluciones útiles para los pacientes, para los profesionales y para el sistema de salud.