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En su apelación ante la Corte Suprema del fallo que suspendió la mayoría de los aranceles a las importaciones, dijo que sin esos gravámenes EE UU está en riesgo
El presidente Trump, al anunciar nuevos aranceles en la rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de este año / Archivo AP
El presidente estadounidense Donald Trump busca una decisión rápida y definitiva sobre los aranceles por parte de la Corte Suprema que él ayudó a conformar, afirmando que el país estaría “al borde de una catástrofe económica” sin los gravámenes de importación que ha impuesto a rivales y aliados de Estados Unidos.
El gobierno utilizó términos casi apocalípticos, algo muy inusual en las presentaciones ante la Corte Suprema, cuando pidió a los jueces el miércoles por la noche que intervengan y reviertan un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles de Trump constituyen un uso ilegal de una ley de poderes de emergencia. Los aranceles permanecen en vigor, por ahora.
El caso llega a una Corte que hasta ahora fue reacia a controlar el extraordinario uso del poder ejecutivo por parte de Trump. Una gran pregunta es si la propia visión expansiva de la autoridad presidencial por parte de los jueces permite los aranceles sin la aprobación explícita del Congreso, al cual la Constitución otorga el poder sobre dichos gravámenes. Tres de los jueces de la Corte, de mayoría conservadora, fueron nominados por Trump en su primer mandato.
Los aranceles y su errática implementación han sacudido los mercados globales, han distanciado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos, y han aumentado los temores de un aumento en los precios y un crecimiento económico más lento.
Sin embargo, el mandatario republicano también ha utilizado las sanciones comerciales para presionar a la Unión Europea, Japón y otros países para que acepten nuevos acuerdos. Los ingresos por aranceles totalizaron 159.000 millones de dólares a fines de agosto, más del doble que en el mismo punto del año anterior.
Elevando aún más lo que está en juego, el procurador general D. John Sauer instó a la Corte Suprema a decidir en una semana si recibe el caso y escucha argumentos la primera semana de noviembre. Ese plazo es mucho menor que el de un caso típico del máximo tribunal. “El presidente y sus funcionarios del Gabinete han determinado que los aranceles promueven la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la negativa de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas efectivas y llevaría a Estados Unidos de nuevo al borde de una catástrofe económica”, escribió Sauer. Señaló que no solo está en juego el comercio, sino también la capacidad de la nación para reducir el flujo de fentanilo y los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.
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Es casi seguro que los aranceles permanezcan en vigor hasta que la Corte Suprema emita un fallo final. Pero la administración republicana pidió al máximo tribunal que intervenga rápidamente y revierta el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.
“Esa decisión arroja una sombra de incertidumbre sobre las negociaciones extranjeras actuales que el presidente ha llevado a cabo a través de aranceles durante los últimos cinco meses, poniendo en peligro tanto los acuerdos generales ya negociados como las negociaciones en curso”, escribió Sauer. “Lo que hay en juego en este caso no podría ser mayor”. En la presentación se cita no solo a Trump, sino también a los secretarios de los departamentos del Tesoro, Comercio y Estado en apoyo de la necesidad urgente de que los jueces intervengan. “La reciente decisión del (Tribunal de Apelaciones del) Circuito Federal ya afecta negativamente las negociaciones en curso”, escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. También hay mucho en juego para las pequeñas empresas golpeadas por los aranceles y la incertidumbre, dijo Jeffrey Schwab, asesor principal y director de litigios en el Liberty Justice Center.
“Estos aranceles ilegales provocan un grave daño a las pequeñas empresas y ponen en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes”, dijo. Las empresas han ganado dos veces, una en un tribunal federal centrado en el comercio, y nuevamente con el fallo de 7-4 del tribunal de apelaciones. Su demanda es una de las varias que impugnan los aranceles.
La mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal encontraron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) no permite que Trump usurpe el poder del Congreso para establecer aranceles. Sin embargo, los disidentes afirman que la ley otorga al presidente el poder de regular la importación durante emergencias sin limitaciones explícitas.
El fallo se relaciona con dos conjuntos de impuestos de importación, ambos justificados por Trump al declarar una emergencia nacional: los aranceles anunciados por primera vez en abril y los de febrero sobre importaciones de Canadá, China y México. La Constitución otorga al Congreso el poder de imponer gravámenes, incluidos los aranceles. Pero a lo largo de las décadas, los legisladores han cedido autoridad al presidente, y Trump ha aprovechado al máximo el vacío de poder.
Algunos de los aranceles del mandatario, entre ellos, los impuestos sobre el acero extranjero, el aluminio y los automóviles, no fueron cubiertos por el fallo del tribunal de apelaciones. Tampoco se incluyen los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato y que mantuvo el presidente demócrata Joe Biden.
Trump puede imponer aranceles en virtud de otras leyes, pero estas tienen más limitaciones sobre la rapidez y severidad con la que podría actuar. El gobierno ha argumentado que, si se anulan los aranceles, podría tener que reembolsar algunos de los impuestos de importación que ha recaudado, lo que supondría un golpe financiero para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Se espera que los aranceles reduzcan los déficits en 4 billones de dólares en los próximos 10 años, dijo la administración, citando análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). En un análisis de junio, la CBO también encontró que los impuestos de importación ralentizarían el crecimiento y aumentarían las presiones sobre los precios. En dicho análisis se estimó que la inflación sería un 0,4% más alta anualmente en 2025 y 2026 de lo que sería sin los aranceles, perjudicando el poder adquisitivo de los consumidores y empresas estadounidenses.
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