Ratifican que Argentina podrá investigar delitos en Venezuela

La Cámara Federal porteña confirmó la competencia de la justicia argentina para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, capturado en la madrugada del sábado en el marco de un operativo militar comandado por Estados Unidos. Lo hizo bajo el principio de justicia universal, en un fallo en el que además rechazó un nuevo pedido de nulidad del caso y la exención de prisión del excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Justo José Noguera Pietri. Al igual que Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, este exdirigente chavista tiene pedido de captura internacional por parte de la Justicia argentina desde 2024.

Argentina, como se sabe, tiene antecedentes en el campo de los derechos humanos al haber abierto investigaciones contra gobernantes y políticos de otros países por presuntos delitos de lesa humanidad que no obstante no han culminado en detenciones o extradiciones. En el derecho penal internacional, el país es considerado como un modelo a seguir por el histórico juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar.

El fallo de la Cámara porteña fue en respuesta a la defensa de Noguera Pietri, quien solicitó la nulidad de la causa en su contra al desconocer la jurisdicción de la justicia argentina para juzgar hechos que sucedieron en Venezuela.

El caso se remonta a 2023, cuando la justicia argentina inició un proceso contra Maduro y varios integrantes del gobierno venezolano —entre ellos Noguera Pietri y el ministro del interior Diosdado Cabello— por la detención ilegal y aplicación de torturas a varios disidentes y manifestantes opositores al gobierno durante las multitudinarias protestas en Venezuela.

En ese marco, el juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura de Maduro y los demás imputados.

Sin embargo, Noguera Pietri había solicitado la nulidad de la causa. Además, pidió una exención de prisión, un recurso que le daría la posibilidad de presentarse en los tribunales sin el riesgo de quedar detenido, al tener una orden de detención vigente.

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Como se dijo, ambos pedidos fueron negados por el tribunal.

El fallo

“Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación y teniendo en cuenta los fines esenciales y tuitivos del derecho de gentes, de jurisdicción universal y de evitación de mayores daños”, concluyeron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi .

La investigación en curso se centra en “ataques sistemáticos y generalizados a la población civil venezolana en forma contundente e ininterrumpida desde el año 2014”, y se basa en el principio de justicia universal para delitos graves como crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio, que permite juzgar a los acusados sin importar el lugar del crimen o la nacionalidad de la víctima basándose en la gravedad del delito.

En este marco, y tras la caída de Maduro en Caracas para ser juzgado en Estados Unidos, el fiscal Carlos Stornelli requirió al juez Ramos que solicite la extradición del líder socialista a la Argentina para que sea indagado por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan en el país.

El fallo de la Cámara y el pedido de Stornelli coinciden con los elogios del presidente, Javier Milei, a la intervención estadounidense en Venezuela, en otro gesto de su buena sintonía con la administración de Donald Trump.

No es la primera vez que la Argentina investiga casos que atentan contra los derechos humanos en otros países. En 2022, la justicia federal inició una causa penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad. Antes, en 2010, había abierto una causa por delitos denunciados en la guerra civil española (1936-1939), el posterior régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y las primeras elecciones democráticas.

Los fiscales y jueces impulsores de estas causas consideraron que están facultados para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país alegando que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.