Un paso positivo para defender a los bosques nativos provinciales

No puede sino suscitar expectativas optimistas la reciente promulgación por parte del Poder Ejecutivo bonaerense de la ley de bosques nativos de la provincia, que garantiza la conservación y uso sustentable de casi un millón de hectáreas boscosas. Según se conoce, la de Buenos Aires era hasta ahora la única provincia del país que no contaba con una norma legal específica para la protección de sus bosques.

Este vacío legal enfrentaba además al Estado bonaerense con la exigencia prevista en la ley nacional de bosques, sancionada por el Congreso Nacional en 2007, aunque promulgada dos años después tras el insistente reclamo formulado por unas setenta agrupaciones conservacionistas, entre ellas la Fundación Vida Silvestre.

Ocurre que esa ley nacional había determinado expresamente que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, categorizándose en ella los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable de los bosques en el país.

Según datos hechos públicos por la entonces secretaría nacional de Medio Ambiente, entre 1998 y 2002 habían desaparecieron 781.930 hectáreas boscosas, pero en los cinco años que corrieron hasta la sanción de la ley nacional, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, es decir 821 hectáreas por día. Otras referencias en el orden nacional indican que, a raíz de distintos procesos y grados de erosión de los suelos, se estima que en nuestro país el proceso de desertificación avanza a razón de 560 mil hectáreas por año, lo que se traduce por la pronto en pérdidas económicas y sociales de enorme magnitud, especialmente en un país de características agrícola-ganaderas como lo es la Argentina. Así, se calcula que en nuestro país más de 60 millones de hectáreas sufren procesos erosivos de moderados a graves.

En el caso de nuestra Provincia, la alternancia climática de los ciclos secos y lluviosos, más la degradación de la tierra derivada de la sobre explotación de la que fue objeto en los últimos años, se traducen en una situación muy negativa. Existe además otro tipo de degradación de los suelos, derivada del creciente avance de la deforestación, al punto de que en los últimos 75 años disminuyó el 66 por ciento de la superficie forestal natural, por la sobre explotación para la producción de madera, leña o carbón. Además, íntimamente relacionado a ese fenómeno, se encuentra en peligro de extinción el 40 por ciento de las especies vegetales y animales de las regiones marginales

La reducción de las áreas boscosas y la degradación de los suelos constituyen, sin dudas, un gravísimo problema que las autoridades de nuestro país, tanto nacionales como provinciales y municipales, debieran reconocer y, desde luego, enfrentar. El sector público junto a diferentes actores de la sociedad civil deberían acordar y poner en ejecución planificaciones ambientales que resulten tan persistentes como eficaces.

No se carece tampoco de planes de acción ya experimentados, que pese a sus limitados campos de aplicación han demostrado ser valiosos para detener una progresiva degradación del suelo, cuyo efecto se traduce no sólo en generar cuantiosas pérdidas económicas sino en proyectar hacia el futuro una amenaza cierta para la calidad de vida de las generaciones venideras.