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La Policía Federal procedió anoche a allanar la casa particular ubicada en Martínez y otros dos domicilios vinculados al empresario dueño de Aeropuertos Argentina 2000 Eduardo Eurnekian, en el marco de la causa por los cuadernos sobre la corrupción en la obra pública.
Por orden del juez federal Claudio Bonadio, los efectivos de seguridad realizan un operativo en la casa de Eurnekian y en las oficinas de la Corporación América. El empresario, imputado en el caso que investiga hechos de corrupción, tenía previsto declarar hace unos días pero la audiencia se postergó. Se trata en este caso de la investigación por supuestos montos ilegales recaudados por funcionarios kirchneristas pagados por los titulares de las concesiones viales.
A Eurnekian lo investigan por el corredor vial número 4 a cargo de la Corporación América y por la ruta 8 en su tramo Pilar a Pergamino,
Por otra parte, la Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento para más de una decena de empresarios de la construcción, entre ellos Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini, en el marco de la causa que investiga irregularidades en las licitaciones de obras públicas que sus compañías locales realizaron junto al gigante brasileño Odebrecht.
Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ratificaron el fallo de primera instancia que señaló a los empresarios como partícipes necesarios de la defraudación al Estado en el marco de la adjudicación de licitaciones para la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua. Por ese mismo delito, la Sala I del tribunal confirmó la acusación contra los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, entre otros.
Por la parte privada, quedaron procesados los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek como partícipes del delito. A todos se les mantuvieron los embargos y la prohibición de salida del país.
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Según consta en el fallo, “los elementos de prueba que conforman la vasta investigación nos permiten concluir que los encartados, cada uno desde su posición o rol, contribuyó a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para éstas y en perjuicio de la Administración Pública atento las deficiencias y mayores costos” de las obras, remarcaron los camaristas.
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