El juez de Garantías de La Plata Juan Pablo Masi ordenó ayer la libertad, previo pago de fianzas millonarias, de dos empleados del Instituto Provincial de Loterías y Casinos que habían sido detenidos la semana pasada, bajo sospecha de haber cometido el delito de “peculado”, presuntamente con el manejo de fondos destinados a la publicidad del mencionado organismo estatal.
La medida recayó para los imputados Luis Mariano Bordenave, bajo fianza de 2.500.000 pesos; y Diego Alejandro Selva, quien deberá pagar una caución de $1.500.000, explicaron voceros de Tribunales.
El beneficio de seguir en libertad mientras dure el proceso fue otorgado a partir de una presentación del abogado defensor Marcelo Peña.
Por esta misma causa, también están detenidos el ex titular del organismo, Jorge “Piedrita” Rodríguez y el ex tesorero de la entidad, Jorge Maggi, quienes se entregaron el pasado viernes junto a los otros dos sospechosos, liberados ayer.
Las fuentes consultadas precisaron que la defensa de Selva y Bordenave planteó las excarcelaciones, y se presume que con el antecedente de la medida, podrían beneficiarse los funcionarios aún bajo arresto. Aunque con fianzas más abultadas.
Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.
La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio López Melitón, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.
La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, aunque una vez disuelta esa fiscalía pasó a la del fiscal Hugo Tesón.
En la causa también están involucradas al menos otras ocho personas, proveedores y empresarios. No obstante, la justicia no hizo lugar por el momento a su detención, debido a que consideró que tuvieron una participación “secundaria” en la maniobra delictiva.
El delito de peculado se configura cuando se obtiene dinero del Estado de manera ilegal y es utilizado en provecho propio o de terceros, explicaron a este diario voceros judiciales.
Ese delito, previsto en el artículo 261 del Código Penal es castigado con penas de 2 a 10 años prisión, e inhabilitación absoluta perpetua.
Las fuentes consultadas indicaron que es muy probable que el juez Masi resuelva en las próximas horas sobre la situación procesal de Rodríguez y Maggi, ante una presentación del abogado Julio Beley.
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