El responsable de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), Guillermo Berra, denunció ante el fiscal general Héctor Vogliolo a la titular de la UFI 15 de La Plata, Cecilia Corfield, por el presunto delito de “acción pública”, que sanciona “al que impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”, se informó oficialmente.

Para poner en contexto este conflicto hay que remontarse al 22 de octubre, cuando las oficinas de AGAI en el Centro de La Plata fueron allanadas por orden del juez Guillermo Atencio, a instancias de la fiscal Corfield y en virtud de una denuncia que hizo contra Berra un ex comisario general desplazado por enriquecimiento ilícito e investigado por lavado de activos.

El denunciante es el ex comisario general Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa que quedó en la mira después de que en su declaración jurada expuso que tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000. A Berra lo acusó de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En su planteo ante Vogliolo Berra argumentó que su “actividad de investigación patrimonial” está “avalada y respaldada por normativa provincial”, por lo que le endilga a la fiscal una “conducta ilícita” al tomar “la iniciativa por el mero pedido de un denunciante (investigado por AGAI)” sin haber solicitado previamente esa información mediante “oficio y/o cualquier otra comunicación fehaciente”.

En este punto enumera lo que, a su criterio, son “abusos de los actos de su función (de fiscal)”.

“Hacer un allanamiento a un organismo de control” requiere “cuanto menos alguna prueba o grado de certeza que permita sospechar que el personal que allí reviste está cometiendo un ilícito”, advirtió, “no solo por el peligro de que esa herramienta sea luego utilizada por los 30.000 efectivos policiales que han sido investigados en Auditoría, sino por la filtración de información confidencial que se encuentra en el organismo, toda vez que las investigaciones sumariales de Asuntos Internos son secretas hasta el acto de imputación”.

Martín denunció que los auditores de Asuntos Internos cometieron irregularidades en el análisis de las declaraciones juradas; involucró a Berra y a la Auditora Sumarial, María Rosario Sardiña y planteó que se habría organizado un mecanismo para hacer “tareas de inteligencia sin autorización judicial”, incluso “sobre familiares que nada tienen que ver con la función pública”.

Del otro lado, Berra denunció que en el allanamiento copiaron “todo el contenido” de su computadora, la de Sardiña y las de “todos los instructores de patrimonial”, además de llevarse “dos sobres con papeles sin especificar”.

Según el funcionario, la AGAI “ya refutó lo denunciado, pero ello pareciera no importar, porque los denunciantes ahora alegan otros hechos de los que la fiscal se hace eco sin ningún tipo de cotejo”.

Ante la consulta de este diario, desde la UFI 15 aclararon que no responderán mediáticamente.

Berra cuestionó que no se haya limitado el secuestro de información a los casos de los denunciantes, ya que “un nosis no es una herramienta de inteligencia y, si lo fuera, tampoco corresponde que investigue una fiscal del fuero ordinario, sino del federal”, por lo cual solicitó girar el planteo al procurador Julio Conte Grand y deslizó que detrás de esta causa podría haber “intereses familiares”, ya que la fiscal está casada con un comisario de la Policía Bonaerense.

Por otro lado, el abogado que se encarga de la defensa técnica de Berra, Marcelo Peña, anticipó que pedirán la recusación de Corfield por entender que “carece de independencia e imparcialidad”.

El escándalo tiene una arista más. Luego del allanamiento el presidente del Colegio de Magistrados de La Plata pidió que se investigue si en ese registro se descubrieron evidencias de “espionaje” a funcionarios judiciales, como la fiscal de juicio Silvina Langone. Esa causa recayó en el fiscal Marcelo Romero, quien le pidió a Corfield la remisión de la información, sin éxito, según trascendió.

Langone está casada con un comisario de alto rango, “y en virtud del decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal, la investigación patrimonial de cualquier jefe de la fuerza que cobre más de 80 mil pesos abarca a su grupo familiar”, explicaron desde AGAI.

La virulencia de este cruce registra antecedentes. En 2011, por ejemplo, se allanaron las oficinas de Asuntos Internos por la denuncia de un subcomisario platense condenado por extorsión. Aquella orden también la firmó el juez Atencio.