En forma gradual el fútbol argentino asiste al retorno de los hinchas visitantes a las canchas. Ahora ocurrió con los de Estudiantes que pudieron concurrir al estadio de Banfield para observar el partido entre ambos clubes. Lo mismo había ocurrido en agosto pasado cuando las autoridades a cargo de la seguridad deportiva habían permitido que Gimnasia pudiera llevar sus hinchas al mismo estadio del Gran Buenos Aires.

Está claro que el sólo retorno de las hinchadas visitantes a los estadios no despeja el problema de fondo que plantea la violencia enseñoreada en el fútbol, aunque tampoco esa situación podría verse resuelta con la ausencia de una de las dos hinchadas en las canchas. Así se lo advirtió en junio de 2013, cuando luego de un cruento enfrentamiento entre barrabravas de Lanús con integrantes de la Policía provincial, se decidió prohibir la presencia de público visitante en los estadios. La predicción, lamentablemente, resultó acertada.

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Lo que se pudo constatar es que, tras la medida restrictiva, en los torneos posteriores a esa decisión, es decir jugados sin la parcialidad visitante, el número de víctimas fatales y heridos por incidentes fue mayor que cuando los partidos se jugaban con las dos hinchadas presentes. Los episodios violentos no dejaron de suceder, a raíz de la inconducta y agresividad manifestada por miembros de las hinchadas locales, únicas presentes en los partidos.

En principio, siempre se señaló que la solución de fondo al problema de la violencia de ningún modo podía pasar por la exclusión de los hinchas visitantes. Se afirmó que esa medida no atacaba el mal de raíz que estaba y sigue centrado en los barrabravas convertidos en mano de obra disponible para cualquier actividad delictiva. También se insistió en que se pudo haber aprovechado la exitosa experiencia seguida en la década del 90 en Inglaterra para erradicar a los “hooligans” cuando, mediante un previo acuerdo político, que involucró a todos los sectores- se logró resolver la cuestión.

En Inglaterra se adoptaron cuatro o cinco medidas que, cumplidas en forma cabal, definieron positivamente la situación. La primera de ellas fue la de prohibir el ingreso de por vida a los estadios de los hinchas violentos, estableciéndose la pena de cárcel para quienes violaran las leyes, entre ellas la que prohíbe llevar armas a los estadios. También se prohibió el consumo de alcohol. Se crearon comandos especiales que se infiltraron entre los “hooligans” para identificar a los violentos, lográndose conformar una lista de 5.000 revoltosos a los que se impiidió la entrada a las canchas. Mientras los clubes creaban también sus propios grupos de seguridad e instalaron cámaras controladas bajo circuito cerrado, se instrumentó la instalación obligatoria de asientos para todos los espectadores en las tribunas, dándoles a los clubes un plazo de nueve años para que se ajustaran a estas reglamentaciones. Pero fue básico, como se dijo, que existiera consenso y una fuerte decisión política para impulsar ese programa.

La experiencia acumulada en el fútbol profesional de nuestro país aconseja que se analicen a fondo y en forma más detenida algunos factores –por ejemplo, la existencia de una fuerza policial especializada en prevenir y sofocar los incidentes en las tribunas, la seguridad que ofrecen las canchas, la trama de complicidades y la mejor identificación y contención de los barrabravas, entre muchos otros-, que son los que realmente inciden para haber convertido al fútbol en pretexto para desatar una violencia tan peligrosa como incontenible.