Es indudable que en las últimas dos décadas se ha visto fortalecida en el país una tendencia que apunta a descentralizar el funcionamiento administrativo del Estado, desde los organismos nacionales hacia los provinciales y desde estos hacia los municipales. Pero también, en el interior de cada una de esas órbitas se registran iniciativas descentralizadoras –algunas en estado de proyecto, otras, muy pocas, ya concretadas- de sus propias dependencias, en procesos que apuntan, según se ha señalado, a lograr más eficacia y control en las gestiones, basada en la mayor proximidad con los contribuyentes y usuarios.

En ese contexto, ahora se ha conocido la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que ingresó jornadas atrás en el Congreso, que busca declarar “capitales alternas” a 24 ciudades del país, eligiéndose entre ellas a dos ciudades bonaerenses como lo son La Matanza y Mar del Plata.

La iniciativa pretende agilizar durante los próximos cuatro años un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales, pero además prevé la posibilidad de que a las capitales alternas se muden dependencias del gobierno nacional que hoy funcionan en la capital federal. El proyecto, en principio, nada menciona sobre las capitales de las provincias, entre ellas, La Plata.

A grandes rasgos corresponde señalar que, desde esta columna, se han apoyado siempre aquellas descentralizaciones de áreas de gobierno que, como las de Educación, Salud y Seguridad, reclaman siempre de una mayor eficiencia en el manejo y contralor de sus funciones, librándolas de la pesadez burocrática central y de los mayores costos que ello puede implicar.

Sin embargo, como contrapartida a las tendencias descentralizadoras, deben tenerse en cuenta y ser ponderados detenidamente algunos factores que han demostrado incidir en forma negativa. En este sentido existen numerosos antecedentes que dejaron resultados contrarios a los buscados y que obligan a revisar con detenimiento la puesta en marcha de nuevas experiencias.

En el caso de nuestra ciudad –en el supuesto caso de que el proyecto en la órbita nacional tuviera su correlato en la jurisdicción bonaerense- se ha dicho también aquí que deben sopesarse detenidamente las necesidades de cambio que pueden apuntar a la modernización y racionalización de la actividad del Estado provincial, con los eventuales y graves menoscabos que podría sufrir La Plata, cuya condición de capital le exige mantener y perfeccionar su gravitación política y administrativa.

Así como se han defendido desde siempre las diversas descentralizaciones y las reformas del mapa ministerial, con las pertinentes adecuaciones de sus estructuras administrativas, se ha advertido también sobre los efectos negativos que podrían derivarse a partir de la existencia de una capital provincial disminuida en sus fuentes laborales y privada de operatividad y capacidad económica.

Siempre en grado de conjetura y en alusión a una posible “copia” bonaerense del proyecto cuyo tratamiento se iniciará en el Congreso –que corresponde, como se ha dicho, a la órbita de Nación- conviene insistir en que, en todo caso, si alguna de las eventuales disposiciones que pudieran tomarse implicara la desaparición de algún servicio administrativo en La Plata , deberían adoptarse, en forma simultánea, previsiones que garanticen la creación de nuevas fuentes de trabajo para compensar a la capital provincial por el posible desmedro sufrido y, a la vez, de ese modo asegurar la plena ocupación en nuestra zona.

Los numerosos y gravísimos problemas que sufre la provincia de Buenos Aires merecen, sin ninguna duda, revisiones y reformas de gran magnitud institucional. Pero se podrían cometer errores muy profundos si se omitiera analizar y resolver debidamente cuestiones como las aquí mencionadas. La disponibilidad de recursos para asegurar el manejo de las políticas públicas y la garantía de contar con una capital política en plenitud, cumpliendo un papel rector sobre el resto de la administración, que no debiera verse afectado en modo alguno, forman parte de las premisas que deben respetarse.