Con discursos y pronunciamientos denunciando al “imperialismo yankee” cualquier dictador latinoamericano logra que algunos gobiernos ignoren todas las violaciones de los derechos humanos. Esa es la actitud adoptada en relación a los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los dos últimos hasta organizan elecciones que en realidad son una trágica farsa.
Rigen allí sistemas basados en un pequeño y cerrado grupo político sustentado por las Fuerzas Armadas cuyos integrantes gozan de privilegios de toda clase. Se les entrega el manejo de importantes empresas públicas que por la corrupción y la ineficacia con la que son conducidas son absolutamente deficitarias y contribuyen a someter a la población a una miseria que provoca el éxodo de millares de habitantes. Llegan a tal punto que un país como Venezuela con una de las reservas petroleras más importantes del mundo además de gas y oro vive una crisis económica que sumerge a la pobreza a los que no están vinculados con el poder.
Para dar estabilidad al sistema emprenden un camino sin retorno de sojuzgamiento del pueblo y recurren a persecuciones, encarcelamientos, torturas y asesinatos. Pocos días atrás en Nicaragua se llevaron a cabo los comicios para reelegir al presidente y a su esposa como vicepresidente y previamente los líderes opositores que hacían pública su intención de ser candidatos de un partido opositor fueron rápidamente condenados a prisión sin que se aceptaran veedores de organismos internacionales que no comulguen con sus procedimientos. Por supuesto que no hay libertad de expresión y que no se permite ni el atisbo de discrepancias ni en lo político ni en lo social ni en lo económico.
Algunas naciones latinoamericanas se han compadecido de la suerte de cubanos, nicaragüenses y venezolanos pero en otras, como la Argentina -salvo ahora que cambió su postura sobre las elecciones en Nicaragua- los gobiernos prefieren ignorar esas circunstancias con la excusa de la no injerencia en los asuntos internos de esas repúblicas si así puede llamárselas.
Sin embargo cada vez un mayor número de países de Europa y América intentan sancionar a los poderosos que violan los derechos humanos e idéntica posición han tomado organizaciones no gubernamentales que denuncian esos hechos provengan de donde provengan.
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